Mientras este 3 de junio se realizan en todo el país nuevas movilizaciones en el marco del aniversario número 11 del movimiento Ni Una Menos, en Tierra del Fuego continúa sin resolución una causa por violencia de género que involucra a un ex integrante del Poder Judicial y que permanece en trámite desde 2022.

La denuncia fue presentada públicamente por Carla Kirsten en agosto de ese año. La mujer acusó a Marcelo Guzmán, quien entonces se desempeñaba como relator del Superior Tribunal de Justicia, de haber ejercido violencia de género durante la relación que mantenían. La repercusión del caso fue inmediata debido a que el denunciado ocupaba un cargo dentro de la estructura del máximo tribunal de la provincia.

Tras la denuncia, Guzmán fue apartado de sus funciones y la investigación avanzó con una resolución del entonces juez de instrucción Javier De Gamas Soler, quien dictó el procesamiento por el delito de lesiones graves agravadas. Sin embargo, el expediente continuó atravesando distintas etapas procesales que fueron extendiendo los plazos sin que se alcanzara una instancia de juicio oral.

Durante el desarrollo de la causa también se generó controversia por la posibilidad de arribar a un acuerdo entre las partes. Esa alternativa finalmente no prosperó luego de la intervención de la Fiscalía de Género. La fiscal María Paula Schapochnik concluyó que el acuerdo propuesto “no resulta viable ni favorable a los intereses de la víctima”.

A lo largo del proceso, la denunciante manifestó en reiteradas oportunidades su preocupación por la demora judicial y cuestionó la respuesta institucional brindada ante los hechos denunciados. Además, señaló temores vinculados a su seguridad mientras la investigación seguía su curso.

Finalmente, el juicio oral fue programado para septiembre de este año. De concretarse en la fecha prevista, habrán transcurrido más de cuatro años desde que la denuncia tomó estado público y comenzó la investigación judicial.

La situación vuelve a cobrar relevancia en una jornada atravesada por los reclamos contra la violencia de género y por una mayor celeridad de la Justicia en este tipo de causas. En ese contexto, el expediente reabre el debate sobre los tiempos judiciales y sobre la capacidad de las instituciones para actuar con la misma rapidez cuando las investigaciones alcanzan a personas que integraron estructuras de poder dentro del propio sistema judicial.

La definición del caso quedará ahora en manos del Tribunal que deberá juzgar los hechos denunciados, en una causa que continúa siendo observada de cerca por organizaciones de mujeres y sectores de la comunidad que reclaman respuestas más ágiles frente a situaciones de violencia de género.