Una causa por presunta violencia de género que había derivado en medidas restrictivas contra un hombre de Río Grande quedó sin efecto luego de que la Justicia concluyera que los hechos denunciados no pudieron ser acreditados. Ahora, el caso podría derivar en una investigación penal por falsa denuncia.

La presentación había sido realizada el pasado 15 de mayo por una mujer que acusó a su expareja, Ezequiel Krok, de haber protagonizado un episodio de violencia en su domicilio. Tras la denuncia, el Juzgado de Familia Nº 1, a cargo del juez Fernando González, dispuso medidas de protección preventivas y ordenó una serie de diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Durante la investigación se requirió a las partes la presentación de pruebas y se encomendó a la División Delitos Complejos de la Policía Provincial la realización de distintas tareas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Según trascendió, la denunciante informó inicialmente que no existían dispositivos de videovigilancia en su vivienda. Sin embargo, la investigación policial constató la presencia de cámaras instaladas en el inmueble. Paralelamente, la defensa de Krok presentó registros fílmicos que lo ubicaban en su propio domicilio al momento en que supuestamente habría ocurrido el hecho denunciado.

A ello se sumó el análisis de imágenes obtenidas de cámaras pertenecientes a vecinos del sector, las cuales, de acuerdo con la resolución judicial, tampoco registraron la presencia del denunciado en el domicilio de la mujer durante el horario señalado en la denuncia.

Con los elementos reunidos, el Juzgado de Familia resolvió dejar sin efecto las restricciones impuestas inicialmente y consideró que los hechos denunciados carecían de verosimilitud. Además, ordenó restablecer el contacto entre Krok y sus hijos, vínculo que había quedado interrumpido durante aproximadamente dos semanas.

La resolución también hizo referencia a presuntas conductas que habrían dificultado el avance de la investigación. En ese contexto, la posibilidad de impulsar una causa por falsa denuncia comenzó a ser evaluada, aunque cualquier definición dependerá ahora de la actuación de la Justicia Penal, donde interviene el Juzgado de Instrucción Nº 3.

Tras conocerse la resolución, el abogado defensor Gonzalo Zeni destacó el trabajo realizado durante la investigación y sostuvo que “la Violencia de Género es un tema demasiado serio para banalizarlo y también es demasiado serio para que se prescinda de la prueba. Debemos proteger a las verdaderas víctimas, pero también garantizar que ninguna persona sea estigmatizada injustamente. Cuando las instituciones funcionan, ambas cosas son posibles”.

El letrado agregó que “esto demuestra que la protección de las víctimas y el derecho de defensa no son valores opuestos. Son dos principios que deben convivir. Una sociedad justa protege a quien denuncia, pero también protege a quien es denunciado injustamente”.

Finalmente, Zeni remarcó las consecuencias que este tipo de situaciones generan en la vida de las personas involucradas. “Detrás de cada expediente hay personas, familias e hijos. Una denuncia de estas características genera consecuencias muy importantes. Afecta la reputación, las relaciones familiares, el trabajo y la vida cotidiana de quien resulta señalado públicamente. Por eso es tan importante actuar con responsabilidad y esperar que la Justicia haga su trabajo antes de emitir condenas sociales”, concluyó.