Los docentes universitarios de todo el país anunciaron una nueva medida de fuerza para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir una recomposición salarial frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde fines de 2023.

La decisión fue adoptada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que convocó a un paro nacional de actividades entre el 16 y el 20 de junio. La protesta se desarrollará en un contexto de tensión entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional por la falta de implementación de la norma aprobada por el Congreso.

Además de la medida de fuerza, los gremios impulsarán una serie de actividades de visibilización. Entre ellas se destacan clases públicas previstas para el 9 de junio en distintos puntos del país, incluyendo una convocatoria frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. También se programaron jornadas similares para los días 11 y 16 de junio.

Desde el sector docente sostienen que la ley contempla recursos destinados a salarios, becas estudiantiles, infraestructura universitaria y gastos de funcionamiento, aspectos que continúan sin ejecutarse mientras se aguarda una definición judicial sobre la controversia planteada entre las universidades y el Poder Ejecutivo.

En paralelo, el conflicto también llegó al ámbito internacional. CONADU presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuestionando la falta de convocatoria a las negociaciones paritarias y reclamando una instancia formal de discusión salarial.

Durante los últimos días se desarrollaron reuniones entre autoridades del sistema universitario y funcionarios de la Secretaría de Educación de la Nación. En esos encuentros se analizó una propuesta oficial que incluye una recomposición salarial parcial, incrementos para gastos operativos y partidas específicas destinadas a becas y hospitales universitarios.

Sin embargo, las diferencias entre ambas partes persisten. Mientras el Gobierno busca avanzar en un acuerdo integral, las universidades mantienen su postura de continuar con las acciones judiciales iniciadas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Ante la falta de consensos, el sector docente ratificó el plan de lucha y se declaró en estado de alerta permanente, a la espera de una nueva convocatoria que permita destrabar el conflicto.