El Senado de la Nación dio un paso importante en el tratamiento de un proyecto que busca incorporar nuevas figuras penales para castigar delitos ambientales graves, incluyendo el denominado ecocidio, con penas que podrían alcanzar hasta 15 años de prisión.

La iniciativa, impulsada por la senadora chubutense Edith Terenzi, fue analizada en un plenario conjunto de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde obtuvo avances para la elaboración de un dictamen.

El proyecto propone crear un régimen específico destinado a perseguir y sancionar conductas que provoquen daños severos sobre el ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, incorporando definiciones que actualmente no están contempladas de manera expresa en el Código Penal.

Entre los conceptos incluidos aparece el de ecocidio, definido como un daño irreversible o especialmente grave causado al ambiente en violación de las normas de protección ambiental vigentes, comprometiendo los derechos de las generaciones presentes y futuras.

La propuesta también establece criterios para determinar cuándo un daño ambiental debe considerarse irreversible o especialmente grave, tomando en cuenta factores como la imposibilidad de recuperación natural del ecosistema, la extensión territorial afectada y las consecuencias para las comunidades involucradas.

Según el texto debatido, quienes provoquen daños ambientales especialmente graves podrían enfrentar penas de entre tres y diez años de prisión, además de multas económicas vinculadas al salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la condena.

En los casos donde el daño sea considerado irreversible, las sanciones aumentarían significativamente y contemplarían penas de entre cinco y quince años de cárcel, junto con multas de mayor magnitud.

Durante el debate legislativo, los impulsores del proyecto destacaron la necesidad de dotar a la Justicia de herramientas específicas para investigar y sancionar delitos que generan consecuencias permanentes sobre el ambiente y afectan la calidad de vida de las personas.

La iniciativa cobra especial relevancia para provincias con importantes recursos naturales y ecosistemas sensibles, como Tierra del Fuego, donde la protección ambiental forma parte de numerosos debates vinculados al desarrollo económico, la actividad industrial, la explotación de recursos y la conservación de áreas naturales.

El proyecto continuará su tratamiento parlamentario en las próximas semanas y, de avanzar en el Congreso, podría representar una de las modificaciones más importantes en materia de legislación ambiental de los últimos años en Argentina.