La Justicia provincial avanza en una compleja investigación que busca determinar la posible participación conjunta de internos y personal del Servicio Penitenciario en un grave episodio de violencia ocurrido el pasado 9 de mayo en la Unidad de Detención de Río Grande. En el marco de la causa, durante la madrugada de este miércoles se realizaron múltiples allanamientos y requisas tanto dentro del establecimiento carcelario como en domicilios particulares de agentes penitenciarios.

La investigación se originó tras la brutal agresión sufrida por tres detenidos recientemente alojados en el pabellón B del penal. Según la pesquisa judicial, los internos habrían sido atacados por otros reclusos poco después de ingresar al sector. Aunque las víctimas se habrían negado a formalizar denuncias, la causa avanzó a partir de registros de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios incorporados al expediente.

Las actuaciones quedaron bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N° 3 y posteriormente se profundizaron con la intervención de personal especializado de la División Delitos Complejos. El análisis de las grabaciones permitió reconstruir parte de la secuencia y establecer que el ataque se habría prolongado durante un extenso período de tiempo sin que existiera una intervención efectiva para detenerlo. A partir de estos elementos, la Justicia comenzó a investigar una posible "asociación ilícita destinada a cometer delitos" entre un grupo de internos y miembros del Servicio Penitenciario.

Como parte de las medidas ordenadas por la jueza Cecilia Cataldo y el fiscal Mayor Martín Bramatti, se llevaron adelante ocho procedimientos simultáneos. Uno de ellos se desarrolló en el propio pabellón B de la Unidad de Detención, donde fueron requisadas varias celdas y se secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, los internos involucrados fueron notificados de sus derechos y garantías procesales.

En paralelo, efectivos policiales realizaron allanamientos en siete domicilios de agentes penitenciarios que se encontraban de guardia al momento del hecho investigado. Entre las medidas adoptadas se dispuso el secuestro de teléfonos celulares para ser sometidos a pericias. Las diligencias también alcanzaron a autoridades de la institución penitenciaria, en el marco de una causa que intenta esclarecer si existió algún grado de connivencia o facilitación para que se concretara la agresión.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados podría resultar determinante para establecer responsabilidades y reconstruir eventuales comunicaciones entre los involucrados. Mientras tanto, la causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.