El Gobierno de Tierra del Fuego oficializó dos nuevas leyes vinculadas al sistema previsional provincial. Por un lado, quedó establecido un plazo máximo para el pago mensual de jubilaciones y pensiones, mientras que, por otro, se creó un registro destinado a centralizar y ordenar la información laboral de los trabajadores comprendidos en el régimen previsional fueguino.

Las normas, identificadas como Ley 1624 y Ley 1625, habían sido aprobadas por la Legislatura durante la sesión del 22 de mayo y fueron promulgadas este 10 de junio mediante los decretos provinciales 1046/26 y 1047/26.

La primera de ellas fija una fecha cierta para el pago de los haberes previsionales. A partir de ahora, la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego deberá abonar de manera íntegra las jubilaciones y pensiones hasta el tercer día hábil de cada mes. Además, la normativa establece que el haber previsional complementario será liquidado en dos cuotas anuales, una durante junio y la otra en diciembre.

En paralelo, la Ley 1625 pone en marcha el Registro Provincial de Historia Laboral, una herramienta que estará bajo la administración de la Caja de Previsión Social y que tendrá como finalidad reunir, actualizar y verificar los antecedentes laborales y previsionales de los trabajadores alcanzados por el sistema provincial.

La nueva normativa incorpora obligaciones tanto para los organismos empleadores como para los afiliados. Los empleadores deberán remitir mensualmente la información requerida al registro antes del décimo día hábil de cada mes, mientras que los trabajadores y beneficiarios deberán acreditar los servicios con aportes realizados en los distintos regímenes previsionales cuando corresponda.

Asimismo, la ley prevé mecanismos de auditoría y control sobre la información incorporada, además de establecer responsabilidades para los organismos que incumplan con la carga de datos exigida. En esos casos, los funcionarios intervinientes podrán afrontar consecuencias patrimoniales si se generan perjuicios para actuales o futuros beneficiarios del sistema.

La legislación también contempla un período de adecuación para los trabajadores en actividad al momento de su entrada en vigencia. Estos contarán con un plazo de dos años para presentar la documentación requerida, con la posibilidad de extenderlo automáticamente por otros dos años más.

Con estas medidas, el Ejecutivo provincial busca otorgar mayor previsibilidad a los jubilados y pensionados, al tiempo que avanza en la modernización y consolidación de la información laboral necesaria para la gestión de los futuros beneficios previsionales.