La investigación judicial por las agresiones sufridas por tres internos en la Unidad de Detención Nº 1 continúa avanzando y ya derivó en el apartamiento preventivo de siete agentes penitenciarios y del director del establecimiento, Raúl Ciares, quienes fueron notificados de derechos y garantías en el marco de una causa que analiza posibles vejámenes y una eventual vinculación irregular con los reclusos involucrados en los hechos.

La medida fue adoptada por el Servicio Penitenciario Provincial mientras se desarrollan diversas diligencias ordenadas por la Justicia. En paralelo, se concretó una renovación de autoridades dentro de la institución. Como nuevo Director de Seguridad Zona Norte fue designado el prefecto Walter Oscar Silva, mientras que el cargo de director de la Unidad de Detención quedó a cargo del alcaide Jhonatan Almazán.

La causa se centra en una violenta agresión ocurrida dentro del penal, donde tres internos fueron atacados por otros reclusos. La investigación busca determinar, entre otros aspectos, si existió algún grado de connivencia entre personal penitenciario y los detenidos involucrados.

En ese marco, la Justicia comenzó el análisis pericial de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos, tanto los pertenecientes a agentes penitenciarios como los dos dispositivos hallados dentro del pabellón donde ocurrieron los hechos. El objetivo es establecer si existieron comunicaciones o acciones que puedan respaldar la hipótesis planteada por el Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, se dispuso el levantamiento del secreto bancario de los funcionarios involucrados para analizar movimientos financieros y descartar o confirmar la existencia de algún beneficio económico vinculado a los hechos investigados. La medida también apunta a esclarecer las circunstancias que rodearon las más de dos horas durante las cuales se habría desarrollado la agresión sin una intervención efectiva, además de las reiteradas denuncias sobre el uso de teléfonos celulares y consumo de drogas dentro del establecimiento.

En el marco de la investigación, la jueza Cecilia Cataldo mantuvo una reunión con autoridades provinciales, entre ellas el jefe de Gabinete, Jorge Canals, y el secretario de Relaciones con las Fuerzas de Seguridad, Gonzalo Valenzuela. Durante el encuentro se puso en conocimiento de los funcionarios sobre las actuaciones realizadas y las medidas adoptadas para resguardar la seguridad de las víctimas.

Los tres internos agredidos permanecen alojados en Ushuaia y está previsto que brinden declaración testimonial en los próximos días. Además, se mantiene vigente una prohibición de acercamiento tanto para los agentes penitenciarios investigados como para los reclusos imputados por la golpiza.

Durante la reunión, las autoridades provinciales también tuvieron acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del pabellón B, donde quedaron registradas las agresiones ocurridas el pasado 9 de mayo y la actuación del personal penitenciario durante el episodio, material que forma parte de la prueba incorporada a la causa.