La Asociación de esposas, esposos, pensionadas, pensionados y familiares de policías provinciales que prestaron servicio durante la etapa territorial de Tierra del Fuego difundió un documento público en el que volvió a plantear su preocupación por la situación previsional que atraviesan integrantes del sector.

Bajo el título “La exclusividad del mérito”, la entidad expresó críticas a declaraciones atribuidas a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, vinculadas a la defensa de los ingresos judiciales en función de la carrera, la formación y la dedicación profesional.

Desde la asociación consideraron que ese tipo de planteos establece una diferencia injusta con otros trabajadores del Estado. En ese sentido, remarcaron que docentes, médicos, policías y otros sectores también construyeron trayectorias laborales con compromiso, responsabilidad y años de servicio.

El documento hace especial hincapié en los retirados y pensionados provenientes del antiguo territorio nacional, quienes —según señalaron— cumplieron funciones en condiciones adversas, con exigencias climáticas, operativas y familiares propias de una etapa en la que Tierra del Fuego aún consolidaba su estructura institucional.

“Cuando aún muchos no residían en la provincia, ellos ya cumplían funciones de seguridad y presencia territorial”, expresaron los familiares, al recordar el rol que tuvieron esos efectivos en el sostenimiento de la presencia estatal y la seguridad pública durante décadas.

La entidad también cuestionó decisiones judiciales que, según afirma, impactaron de manera negativa en los haberes de parte del sector retirado. En ese marco, mencionó a los magistrados María del Carmen Battaini, Carlos Gonzalo Sagastume y Edith Miriam Cristiano, a quienes dirigieron sus críticas por el criterio adoptado en el fallo cuestionado.

Los familiares sostuvieron que el debate no sólo debe analizarse desde una mirada legal o administrativa, sino también desde sus consecuencias sociales y humanas, especialmente cuando involucra a personas mayores, pensionados y familias que dependen de esos ingresos.

Hacia el final del comunicado, la asociación pidió una revisión de la situación y reclamó al sistema judicial actuar con responsabilidad, sensibilidad y coherencia. “Ejerza la justicia de manera justa y humana”, concluye el texto difundido por la entidad.