Vecinos y vecinas que dependen del gas envasado en Tierra del Fuego impulsan un proyecto de ley para modificar el actual esquema de asistencia provincial y evitar que el acceso al subsidio quede sujeto a cambios por decreto. La propuesta fue presentada por la Mesa Interbarrial de Ushuaia, que reúne a familias de distintos sectores que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

Miguel Herrera, integrante de ese espacio, explicó en diálogo con el programa “Desde las Bases”, por Radio Provincia, que la situación afecta a más de 6.000 familias en toda la provincia, distribuidas principalmente entre Ushuaia y Río Grande. Según señaló, muchas de ellas utilizan garrafas de 10 kilos, tubos de 45 kilos o zeppelin para calefaccionarse, cocinar e higienizarse.

El reclamo se profundizó luego de que el Gobierno provincial redujera la cantidad de kilos subsidiados en la antesala del invierno. Herrera recordó que históricamente las familias contaban con 450 kilos durante la temporada invernal, pero ese volumen fue reducido a 400 kilos para la mayoría de los usuarios, mientras que algunos sectores habían quedado con asignaciones aún menores, de 200 o incluso 160 kilos.

Desde la Mesa Interbarrial advirtieron que esa reducción impacta directamente en la calidad de vida de las familias. Herrera sostuvo que el gas envasado obliga a un control permanente del consumo, ya que superar el cupo subsidiado implica pasar a pagar tarifa plena, con valores que —según indicó— pueden ser hasta cinco veces más caros que el gas de red.

El referente barrial también describió las dificultades cotidianas que atraviesan quienes dependen de este sistema. Señaló que muchas familias deben cargar garrafas en medio de la nieve, controlar constantemente cuánto gas queda disponible o revisar el nivel del zeppelin para no quedarse sin calefacción durante la noche.

En ese marco, los vecinos comenzaron a organizarse, realizaron reclamos ante la Legislatura y lograron que se aprobara una ley para suspender los decretos que recortaban el beneficio. Sin embargo, el Ejecutivo provincial vetó esa norma. Posteriormente, la Legislatura insistió con la sanción, lo que permitió recuperar parte de los kilos eliminados, aunque el recorte de 50 kilos respecto del esquema histórico sigue vigente.

Herrera consideró que se trató de un “pequeño gran logro”, ya que permitió mejorar la situación de familias que habían perdido una parte considerable del subsidio. No obstante, remarcó que el reclamo continúa, porque el objetivo es volver a garantizar al menos los 450 kilos de referencia y revisar el sistema actual.

El dirigente aclaró además que no se trata únicamente de barrios populares. Explicó que también hay familias de otros sectores, muchas de ellas en zonas de montaña o en urbanizaciones sin infraestructura, que compraron lotes y nunca recibieron las redes prometidas. “No son barrios privados, son familias que no tienen gas de red”, planteó.

Desde la Mesa Interbarrial sostienen que el gas debe ser entendido como un derecho básico para calefaccionarse, cocinar y mantener condiciones mínimas de higiene. En ese sentido, remarcaron que el sistema de cupos limita la vida diaria de los hogares, especialmente en familias numerosas, donde el consumo disponible no alcanza para cubrir todas las necesidades.

Herrera advirtió que hubo casos en los que directamente se había quitado el subsidio, lo que generaba costos imposibles de afrontar. Según señaló, cubrir 450 kilos sin asistencia puede superar el millón de pesos, una cifra considerada insostenible para hogares con uno o dos ingresos.

Por esa razón, el proyecto presentado en la Legislatura propone un cambio de fondo: dejar de subsidiar un tope fijo de kilos y pasar a subsidiar el consumo real de las familias. La idea es que cada usuario pague al mes siguiente de acuerdo con lo consumido, con una base subsidiada que tome como referencia los 450 kilos.

Herrera sostuvo que la iniciativa fue elaborada desde los propios barrios, por vecinos que conocen de primera mano las dificultades del sistema. Aunque reconoció que el texto podría sufrir modificaciones durante el debate legislativo, afirmó que el objetivo es abrir una discusión de fondo y construir una normativa estable, que no pueda modificarse de un día para otro mediante un decreto.