La jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió cerrar la causa penal iniciada contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales, denunciados por presunto abuso de autoridad a raíz de la autorización para el ingreso de tropas de Estados Unidos al país mediante un decreto.

El expediente se había originado tras la presentación de la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, quien sostuvo que la decisión debía haber pasado previamente por el Congreso, tal como establece el procedimiento constitucional para este tipo de autorizaciones vinculadas a ejercicios militares extranjeros en territorio nacional.

El caso estaba relacionado con el decreto 697/2025, publicado en octubre, por el cual el Gobierno nacional permitió la llegada de alrededor de 30 integrantes de la Guerra Especial Naval estadounidense para realizar maniobras conjuntas con la Armada Argentina en la base naval de Ushuaia. La actividad fue denominada “Daga Atlántica” y generó cuestionamientos de sectores opositores por su impacto político y estratégico en Tierra del Fuego.

Para Capuchetti, no existían elementos suficientes para avanzar con una investigación penal. En su resolución, la magistrada consideró que el dictado de un decreto de necesidad y urgencia forma parte de las atribuciones constitucionales del Presidente y que, en todo caso, el Congreso cuenta con herramientas institucionales para revisar o rechazar la medida en el ámbito correspondiente.

La fiscal Paloma Ochoa había impulsado la investigación y solicitado algunas medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la jueza entendió que no había un objeto penal concreto que permitiera atribuir responsabilidad al mandatario o a los funcionarios involucrados.

La decisión judicial fue cuestionada por Pagano, quien calificó el archivo como “prematuro” y apeló la resolución. La legisladora afirmó que se afectó su derecho a intervenir en el debate parlamentario y pidió que se revise el cierre del expediente.