La legisladora provincial Natalia Gracianía expresó su preocupación por el desarrollo del concurso público para la designación del Defensor Provincial de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, al advertir sobre la elevada cantidad de postulantes excluidos y reclamar mayor transparencia en el proceso.

En declaraciones radiales, la parlamentaria recordó que se presentaron 63 personas al concurso y señaló que 45 fueron declaradas no admitidas por cuestiones formales. Según indicó, 38 de esos casos corresponden a supuestas dificultades para acreditar los cinco años de residencia continua exigidos por la normativa.

“Lo que llama la atención es que es un número muy alto, porque 45 personas de los 63 inscriptos quedaron excluidos por no cumplir con requisitos formales, y 38 de ellos, aparentemente, por no haber podido acreditar la residencia continua”, sostuvo.

Gracianía aseguró que recibió consultas de personas que nacieron en Tierra del Fuego o que residen desde hace muchos años en la provincia y que, sin embargo, fueron excluidas del proceso. Ante esta situación, presentó una nota formal solicitando la suspensión de los plazos para revisar las actuaciones de la comisión evaluadora.

“Espero que no, porque eso sí sería un escándalo”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de que el concurso estuviera direccionado. “Lo que tenemos que hacer es transparentar todo el mecanismo. La transparencia no es una opción, es una obligación”, afirmó.

La legisladora explicó que, hasta el momento, no obtuvo una respuesta formal a su planteo y manifestó su preocupación porque los plazos continúan corriendo. Además, pidió a los postulantes excluidos que presenten reclamos formales ante la Legislatura y la comisión evaluadora para que se revise cada caso.

“Yo no estoy defendiendo a ningún postulante en particular, estoy exigiendo que las reglas sean claras para todos y que tengan las mismas oportunidades”, remarcó.

Finalmente, destacó la importancia institucional del cargo, que tendrá una duración de cinco años y estará acompañado por una estructura de defensores adjuntos. “No podemos permitir que un concurso de antecedentes y oposición esté bajo sospecha o no sea absolutamente transparente”, concluyó.