La reciente firma de una carta de intención entre el Gobierno de Tierra del Fuego y Wanchese Argentina, filial local de la empresa canadiense Cooke, volvió a instalar el debate sobre el desarrollo de la salmonicultura en la provincia. En ese marco, una publicación de la Agencia Ambiente repasó diversos antecedentes ambientales y judiciales vinculados a la compañía en distintos países donde opera.

El informe, elaborado por el periodista Manuel Fernández Arroyo, detalla que Cooke estuvo involucrada en las últimas dos décadas en episodios relacionados con infracciones ambientales, escapes de peces, mortalidades masivas, utilización de productos químicos cuestionados y conflictos regulatorios en Canadá, Estados Unidos y Chile.

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en 2017 en Puget Sound, Estados Unidos, cuando colapsó una estructura de cultivo perteneciente a la empresa y provocó la fuga de unos 250 mil salmones atlánticos hacia ecosistemas habitados por especies nativas. La investigación oficial atribuyó el incidente a problemas de mantenimiento y derivó en sanciones económicas y la revocación de concesiones. Posteriormente, el estado de Washington avanzó con la prohibición de la acuicultura industrial en jaulas marinas.

La publicación también menciona un brote de Anemia Infecciosa del Salmón registrado en 2012 en Nueva Escocia, Canadá, que obligó al sacrificio de alrededor de un millón de peces. Asimismo, recuerda una causa ambiental en la Bahía de Fundy, donde una subsidiaria de Cooke reconoció haber utilizado un pesticida prohibido para combatir piojos de mar, hecho que derivó en una multa de 500 mil dólares tras la mortandad de langostas en sectores cercanos a los centros de cultivo.

Entre los antecedentes recopilados figuran además denuncias por presunto maltrato animal en instalaciones de Maine y cuestionamientos por demoras en la notificación de mortalidades masivas de salmones. En Chile, durante 2025, organismos estatales aplicaron sanciones por presuntas infracciones vinculadas a sobreproducción, manejo de residuos y operaciones fuera de los límites autorizados, medidas que la compañía decidió impugnar ante la Justicia.

La nota sostiene que estos antecedentes generan preocupación en organizaciones ambientales y distintos sectores de la sociedad frente a la posibilidad de que la empresa avance con proyectos en aguas fueguinas. También advierte que aún no trascendieron oficialmente las áreas visitadas por representantes de la firma ni el modelo productivo que se encuentra bajo análisis.

La legislación aprobada en diciembre de 2025 mantiene la prohibición de la salmonicultura en el Canal Beagle, aunque habilita su desarrollo en otros sectores del mar fueguino. En ese contexto, continúan las incógnitas sobre las zonas que podrían ser evaluadas para futuros emprendimientos y su eventual impacto sobre áreas protegidas como Península Mitre y la Reserva Costa Atlántica.