El aumento de la morosidad en los créditos volvió a encender las alarmas en el sistema financiero. Según datos del sector, el incumplimiento de las familias alcanzó el 12% de los pasivos bancarios, el nivel más alto desde 2004, situación que llevó a entidades públicas a implementar programas especiales de refinanciación para clientes endeudados.

Una de las medidas más recientes es una línea de unificación de deudas que permite refinanciar hasta el 100% de los compromisos consolidados, por montos de hasta 100 millones de pesos y con plazos de hasta 120 meses. La herramienta está destinada a clientes con cuotas vencidas e impagas, con el objetivo de evitar que profundicen su situación de mora.

En paralelo, en la Ciudad de Buenos Aires se aprobó un programa de desendeudamiento que prevé una tasa nominal anual máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de dos años. El esquema está orientado a personas con atrasos de entre 60 y 180 días y busca facilitar la regularización de las obligaciones financieras.

Desde el sistema bancario privado reconocen que el deterioro de la capacidad de pago es una problemática creciente, aunque sostienen que la mejor alternativa continúa siendo el tratamiento individual de cada situación. Las entidades afirman que ya cuentan con mecanismos de alerta temprana y refinanciación para intervenir antes de que los atrasos se conviertan en mora crítica.

Según fuentes del sector, el principal problema responde a una combinación de pérdida del poder adquisitivo, reducción de los ingresos reales y aumento del costo de vida. También señalan que muchos clientes llegan a una situación de sobreendeudamiento por recurrir a distintos mecanismos de financiamiento en simultáneo.

Las entidades privadas advierten que imponer refinanciaciones generales con tasas artificialmente bajas podría restringir el acceso al crédito formal para los sectores de mayor riesgo y empujar a muchas personas hacia alternativas no bancarias.

En ese sentido, remarcan que las refinanciaciones funcionan mejor cuando se adaptan a las características de cada cliente, evaluando el monto adeudado, los ingresos, el historial de pagos y la capacidad de devolución.

Mientras tanto, continúan presentándose iniciativas legislativas destinadas a atender el crecimiento del endeudamiento familiar, en un contexto donde la situación financiera de miles de hogares se convirtió en una de las principales preocupaciones del sistema bancario.