Alrededor de 150 familias autoconvocadas volvieron a reclamar respuestas al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat por la situación de las viviendas ubicadas en la urbanización Río Pipo. El pedido central apunta a conocer cuándo se realizarán las adjudicaciones, cuántas unidades estarán disponibles y bajo qué criterios se definirá a los beneficiarios.

Desde el grupo sostienen que muchas familias mantienen sus legajos actualizados desde hace años, algunas incluso desde 2004, pero aún no cuentan con información precisa sobre el proceso. Aseguran que la falta de certezas complica la organización familiar, la renovación de alquileres y la planificación económica de quienes esperan una solución habitacional.

La referente de Vecinos Autoconvocados, Paula Camponovo, explicó que el reclamo comenzó a tomar forma en 2022, luego del anuncio de nuevas obras habitacionales en el sector. Desde entonces, presentaron notas, pedidos de audiencia y solicitudes ante distintas áreas del Gobierno provincial, la Legislatura y las autoridades del IPVyH, sin obtener una contestación concreta.

Según relató, la única reunión mantenida con el organismo fue de manera virtual el año pasado, después de una protesta frente a la institución. En aquella oportunidad se les habría indicado que podría concretarse una primera entrega después del invierno, pero luego, según señaló, las respuestas fueron cambiando y se mencionaron dificultades vinculadas al recorte de fondos nacionales.

Camponovo indicó que, pese a esas explicaciones, los vecinos observaron avances en la obra. Afirmó que integrantes del grupo recorrieron el lugar, registraron imágenes y constataron la presencia de trabajadores en distintos sectores, por lo que consideran que las viviendas estarían próximas a finalizarse.

Otro de los puntos que genera preocupación es la modalidad de adjudicación. Las familias piden saber si se respetará la antigüedad de los inscriptos, si habrá sorteo o si se aplicará otro mecanismo. También solicitaron que se informe con claridad el padrón, la cantidad de unidades y los pasos administrativos previstos.

El grupo también planteó la necesidad de reforzar los controles sobre viviendas ya entregadas en años anteriores. Aseguran haber denunciado casos de unidades alquiladas, vendidas o desocupadas, por lo que consideran necesario revisar posibles irregularidades y garantizar que las casas lleguen a quienes realmente las necesitan.

Finalmente, los vecinos convocaron a otras familias que atraviesen la misma situación a sumarse al reclamo colectivo. Mientras tanto, insistieron en la necesidad de una audiencia formal con las autoridades del IPVyH y de la Comisión de Vivienda de la Legislatura para obtener una respuesta oficial sobre el futuro de las adjudicaciones en Río Pipo.