A tres décadas de la sanción de la Ley 24.557, el sistema argentino de riesgos del trabajo vuelve a quedar bajo la lupa por una contradicción que preocupa al sector: los indicadores de accidentabilidad y mortalidad laboral muestran una mejora sostenida, pero la cantidad de demandas judiciales continúa en crecimiento.

Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advierten que esta situación genera presión sobre el financiamiento del sistema y complica su funcionamiento. Según la entidad, la judicialización absorbe recursos que deberían destinarse a prevención, atención médica, rehabilitación y reparación de los trabajadores afectados.

De acuerdo con datos difundidos por la UART, en marzo había 10.116.346 trabajadores y 984.973 empleadores con cobertura. El promedio anual de 2025 ubicó la protección del sistema en torno a los 10,2 millones de trabajadores. Durante ese año se notificaron 536.140 casos globales y 358.573 accidentes y enfermedades profesionales, sin contar los accidentes in itinere.

Pese a esos números, la litigiosidad sigue en alza. En el primer cuatrimestre del año se registraron 39.687 nuevos casos judiciales. Solo en abril ingresaron 12.727 juicios, lo que dejó el acumulado un 2,3% por encima del mismo período de 2025, año que ya había marcado un volumen elevado de demandas.

Para la UART, el sistema permitió avanzar en prevención y reparación desde su creación en 1996, cuando reemplazó un esquema considerado fragmentado, con respuestas tardías, costos inciertos y escasa prevención. Antes de la ley, un trabajador accidentado podía depender de la obra social, el hospital público, la capacidad económica del empleador o un juicio prolongado y de resultado incierto.

La presidenta de la entidad, Mara Bettiol, sostuvo que el aumento de los litigios representa uno de los principales riesgos para la continuidad del modelo. Según planteó, la litigiosidad creciente desvía fondos que deberían utilizarse para reducir accidentes, asistir a los trabajadores y garantizar reparaciones más rápidas.

El sistema argentino se caracteriza por brindar atención médica sin límite de gasto hasta el alta, prestaciones por incapacidad laboral temporaria, indemnizaciones por incapacidad permanente, recalificación profesional y cobertura por fallecimiento. Según estimaciones de la UART, en estos 30 años la política de riesgos del trabajo permitió salvar 20.000 vidas, evitar 5,1 millones de accidentes y otorgar más de 14 millones de prestaciones asistenciales y de seguimiento por año.

La entidad también marcó diferencias con países como España o Chile, donde la litigiosidad es menor. En ese marco, señaló que el modelo local combina altos estándares de cobertura con un problema judicial que sigue generando incertidumbre y mayores costos.

Otro punto señalado es el rol de las Comisiones Médicas, reforzado por la Ley 27.348 de 2017 como instancia administrativa previa y obligatoria. El objetivo fue resolver de manera técnica y más rápida aquellos casos que no requieren largos procesos judiciales. Sin embargo, desde el sector afirman que todavía persiste una brecha entre el procedimiento administrativo y las sentencias judiciales.

Entre las prioridades que plantea la UART aparecen la necesidad de aplicar con mayor consistencia las herramientas legales vigentes, unificar criterios médicos, desalentar incentivos que promuevan la judicialización innecesaria y ampliar la cobertura a trabajadores que aún están fuera del sistema.

De cara al futuro, el informe también advierte que los cambios en el mundo laboral obligan a revisar nuevas formas de prevención. La digitalización, las plataformas, el teletrabajo, la robotización, la movilidad urbana, el envejecimiento de la población activa y la transición energética modifican la manera en que se producen accidentes y enfermedades profesionales.

Para Bettiol, los próximos años deberán enfocarse en construir un sistema con más trabajadores cubiertos, mayor prevención, mejor información, criterios médicos uniformes y una reparación más cercana, rápida y justa.