El aumento de las deudas impagas encendió una nueva señal de alarma en el sistema financiero argentino. Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, la irregularidad en los créditos de las familias pasó del 12,1% en abril al 12,7% en mayo, mientras que en el caso de las empresas subió del 3,3% al 3,5%. En conjunto, los préstamos al sector privado alcanzaron una mora del 7,7%, uno de los niveles más altos de las últimas dos décadas.

El problema golpea especialmente a los hogares. Más del 27% de las personas que tomaron algún préstamo dejó de calificar como sujeto de crédito, lo que equivale a cerca de 7 millones de argentinos sin acceso normal a financiamiento. La situación es más crítica entre los jóvenes: el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes registra al menos una deuda atrasada, con picos del 42,8% entre quienes tienen de 18 a 25 años.

Frente a este escenario, los bancos privados comenzaron a restringir la entrega de nuevos préstamos, endurecieron las condiciones de aprobación y evitaron ampliar límites de tarjetas de crédito. La prioridad de las entidades pasa por reducir riesgos y ordenar sus carteras, en un contexto de caída del consumo, ingresos ajustados y mayor incertidumbre económica. La única excepción aparece en algunas líneas en dólares vinculadas al comercio exterior y la prefinanciación de exportaciones.

En paralelo, bancos públicos y distintas provincias avanzaron con planes de refinanciación para aliviar a los deudores. El Banco Provincia lanzó el programa “Ponete al día”, con plazos de hasta 72 meses, reducción de tasas y condiciones diferenciadas según el nivel de atraso. También se aplicaron esquemas similares en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba, orientados a familias, empleados estatales, jubilados, trabajadores privados y autónomos.

Mientras el Congreso analiza proyectos de desendeudamiento familiar, desde el Gobierno nacional sostienen que la recuperación del crédito dependerá de la baja de la inflación y de una mejora en las condiciones macroeconómicas. Sin embargo, la presión sobre los ingresos, la dificultad para pagar vencimientos y la pérdida de acceso al financiamiento formal mantienen encendida la preocupación por el impacto social y económico del endeudamiento.