El conflicto por la intervención del puerto de Ushuaia ingresó en una nueva instancia luego del dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, que reconoció el carácter autárquico de la Dirección Provincial de Puertos. Para el vicepresidente del organismo, Miguel Ramírez, esa definición representa un avance clave para la postura que viene sosteniendo la provincia.

En declaraciones a FM Aire Libre, el funcionario afirmó que, a partir de este pronunciamiento, la discusión judicial debería continuar en el ámbito local. En ese sentido, consideró que será la Justicia fueguina la que tendrá que resolver la medida cautelar que podría definir el futuro de la administración portuaria.

Ramírez sostuvo que el traslado del expediente a los tribunales provinciales permitiría acelerar los tiempos de resolución. “Si esto se traslada a los fueros locales puede llegar a tener una agilidad mucho más importante. Somos muy optimistas y deseamos que antes de la temporada se pueda recuperar el puerto”, expresó.

El vicepresidente de la DPP remarcó que el organismo trabaja de manera coordinada con sus equipos jurídicos, el estudio legal contratado, la Fiscalía de Estado y las presentaciones realizadas por trabajadores portuarios. Según señaló, todas esas acciones apuntan a sostener la defensa de la jurisdicción provincial sobre la terminal marítima.

Al referirse a la intervención dispuesta desde Nación, Ramírez volvió a cuestionar con dureza la medida y la calificó como un “avasallamiento” y una “ilegalidad manifiesta”. También advirtió que, mientras el puerto continúa intervenido, se siguen impulsando licitaciones y procesos de compra que, según dijo, no respetarían los procedimientos legales propios del Gobierno provincial.

El funcionario indicó además que mantienen reuniones constantes con los trabajadores del sector y contactos con actores privados vinculados a la actividad portuaria. El objetivo, explicó, es informar los avances de la causa judicial y transmitir tranquilidad para evitar que el conflicto afecte la operatoria diaria.

“Queremos que el puerto no se pare”, subrayó Ramírez. En esa línea, sostuvo que cualquier interrupción podría generar consecuencias negativas para la economía provincial, la actividad comercial y la imagen de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida.