El presidente Javier Milei confirmó que trabaja en un proyecto para incorporar en la Argentina un mecanismo inspirado en el "government shutdown" de Estados Unidos, un sistema que impide al Estado continuar realizando determinados gastos cuando se agotan las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso.

El llamado shutdown es una figura propia del sistema político estadounidense que se activa cuando el Congreso y el presidente no logran aprobar a tiempo el presupuesto federal. Ante esa situación, numerosas agencias gubernamentales suspenden actividades consideradas no esenciales, miles de empleados públicos son licenciados o continúan trabajando sin cobrar hasta que se alcanza un acuerdo para restablecer el financiamiento.

Durante los últimos años, Estados Unidos atravesó varios cierres parciales de la administración federal. Entre los más recordados se encuentran los registrados durante las presidencias de Bill Clinton, Barack Obama y Donald Trump, este último con un cierre que se extendió durante 35 días entre 2018 y 2019. Más recientemente, entre octubre y noviembre de 2025, el país vivió un nuevo shutdown que se prolongó durante 43 días debido a desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre el presupuesto.

En la Argentina, un escenario similar no podría aplicarse con las reglas actuales. La Ley de Administración Financiera establece que, cuando el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto, continúa vigente el del año anterior mediante su prórroga, lo que permite que el Estado siga funcionando y financiando salarios, jubilaciones, programas sociales y servicios públicos.

Sin embargo, Milei adelantó que pretende modificar ese esquema. Según explicó, la intención es impedir que el Poder Ejecutivo continúe gastando una vez agotadas las partidas autorizadas. "Cuando se agota el presupuesto, automáticamente se apaga el Estado", sostuvo el mandatario al referirse a la iniciativa.

La propuesta formaría parte de un paquete de reformas orientadas a reforzar el equilibrio fiscal y limitar la posibilidad de ampliar partidas presupuestarias sin una nueva autorización legislativa.

Especialistas en derecho constitucional sostienen que una reforma de este tipo abriría un amplio debate jurídico. Mientras algunos consideran que un mecanismo semejante podría implementarse mediante cambios en la legislación vigente, otros advierten que la Constitución Nacional asigna al Congreso la aprobación anual del presupuesto y que cualquier modificación debería garantizar la continuidad de los servicios esenciales del Estado.

De avanzar el proyecto, la Argentina debería modificar el actual régimen presupuestario para definir qué organismos podrían seguir funcionando en ausencia de una nueva ley de presupuesto y cuáles deberían suspender sus actividades, un esquema que hoy no tiene un equivalente directo en el sistema institucional argentino.