El Senado de la Nación tratará el próximo jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las principales iniciativas legislativas promovidas por el Gobierno nacional. La propuesta introduce cambios en el régimen de expropiaciones, acelera los procesos de desalojo, modifica la Ley de Tierras Rurales, reforma la Ley de Manejo del Fuego y avanza en la digitalización de los registros inmobiliarios.

El texto, que llega al recinto tras varias modificaciones durante su tratamiento parlamentario, busca reforzar las garantías sobre el derecho de propiedad y establecer nuevas reglas para distintos procedimientos vinculados con inmuebles y tierras rurales.

Uno de los principales cambios alcanza a las expropiaciones. El proyecto dispone que las declaraciones de utilidad pública deberán estar debidamente fundamentadas y que toda expropiación deberá ser considerada necesaria y proporcional para cumplir con el objetivo previsto. Además, incorpora la posibilidad de reconocer el lucro cesante cuando pueda acreditarse, establece que la valuación del inmueble deberá realizarse antes de cualquier anuncio oficial y exige el pago total de la indemnización antes de que el Estado tome posesión del bien.

La iniciativa también propone agilizar los desalojos mediante procesos sumarísimos y habilita la restitución anticipada de inmuebles en determinados casos de ocupaciones irregulares. A su vez, incorpora una cláusula que obliga a los jueces a dar intervención a organismos competentes cuando existan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de coordinar soluciones habitacionales transitorias sin suspender el proceso judicial.

Otro de los capítulos modifica la Ley de Tierras Rurales. Si bien mantiene la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales en el país, flexibiliza varias restricciones vigentes para otros compradores extranjeros e incorpora mecanismos de aprobación automática cuando la autoridad no se expida dentro de los plazos establecidos.

En cuanto a la denominada Ley Pierri, que regula la regularización dominial, el proyecto eleva las exigencias para acceder al beneficio. Entre otros requisitos, será necesario acreditar una posesión pacífica, pública y continua durante diez años, además de limitar su aplicación a viviendas únicas y permanentes, con una excepción prevista para agricultores familiares.

La iniciativa también introduce modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego, al derogar algunas restricciones incorporadas en los últimos años respecto del uso de tierras afectadas por incendios forestales, un punto que ya genera cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición.

Finalmente, el proyecto impulsa la modernización de los registros de la propiedad inmueble, promoviendo la digitalización de los trámites, el uso de firma digital y la creación de herramientas como una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria y una Red Federal de Publicidad de Inhibiciones para unificar la información registral.

El tratamiento en el Senado será una prueba para medir el respaldo parlamentario a una de las reformas institucionales más importantes impulsadas por el oficialismo, que sostiene que los cambios brindarán mayor seguridad jurídica y favorecerán las inversiones, mientras que distintos sectores anticipan un intenso debate sobre el alcance de las modificaciones propuestas.