María Fontana, esposa de un retirado de la Policía Territorial, se refirió al reclamo que llevan adelante las familias de los retirados y explicó los motivos que derivaron en una denuncia por presunta discriminación, luego de una serie de expresiones que, según sostuvo, fueron dirigidas contra las mujeres que acompañan la protesta.

En diálogo con AIRE LIBRE FM, Fontana señaló que la presentación fue impulsada tras reiterados agravios. “La verdad es que esta denuncia la veníamos pensando por todos los adjetivos descalificativos que nos daban a nosotras como mujeres”, expresó.

En ese sentido, recordó que los cuestionamientos comenzaron con frases como “mandarnos a lavar los platos” y continuaron con expresiones en las que se afirmaba que las manifestantes “daban lástima” por reclamar los derechos de sus esposos y sus familias.

Fontana también cuestionó el accionar de integrantes del directorio de la Caja en relación con los gastos de representación. Según indicó, tras la sanción de las leyes provinciales 1627 y 1628, que impedían continuar percibiendo esos conceptos, se habría presentado un recurso para mantener el beneficio. “Se basaron en que eran derechos adquiridos por ellos en estos dos años que habían estado en el directorio”, sostuvo.

La mujer contrastó esa situación con el reclamo de los retirados territoriales, al asegurar que ellos atraviesan descuentos significativos en sus haberes. “Ellos siguen cobrando su sueldo todos los meses, como retirados o en actividad. Cobran su sueldo completo. Ahí no hay una cuestión de alimentos”, afirmó, en referencia a quienes integran el organismo.

En esa línea, denunció que a los retirados se les aplican descuentos de hasta el 50%. “Ya no pasamos a un pequeño descuento, pasaron a confiscar, sin una justificación judicial, previa ni nada, un 50% de sus haberes”, afirmó.

Fontana sostuvo además que la Caja continúa incumpliendo la normativa vigente y mencionó las resoluciones 148 y 040, a partir de las cuales, según explicó, se interrumpieron pagos a los denominados territoriales. “Ahora la Legislatura les hizo ver que eso estaba mal, nos dio una mano con la 1627 y la 1628, diciéndoles: ‘Señores, tienen que arreglar esto’. Les dieron todos los mecanismos y un plazo para que empiecen a pagar, y todavía no nos han pagado”, manifestó.

Consultada sobre las expectativas judiciales, aseguró que las familias todavía esperan una respuesta favorable, aunque reclamó igualdad de criterio. “Queremos seguir creyendo en la Justicia. Si la Justicia de Tierra del Fuego, a los amparos de nuestros esposos, les dijo que vayan a la vía ordinaria, queremos creer que a estos señores los van a mandar también a hacer un juicio ordinario”, expresó.

Y advirtió: “Si les dan lugar, entonces ahí sí nos damos cuenta de que tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Por otra parte, cuestionó la falta de información financiera pública sobre la Caja. “Estamos a mitad de año y no han subido los balances de los tres primeros trimestres. No sabemos en qué se ha gastado el dinero ni si se ha recuperado algo”, señaló.

Finalmente, Fontana reconoció el acompañamiento de la Legislatura provincial con la sanción de las leyes 1627 y 1628, pero pidió avanzar con nuevas medidas ante el presunto incumplimiento. “Los legisladores a nosotros nos saldaron el soporte, eso lo tenemos que agradecer y demostrar. Pero ahora queremos que sigan insistiendo en esto. No están cumpliendo la ley”, remarcó.

En ese marco, reclamó directamente la intervención de la institución. “Lo que esperamos es que los legisladores empiecen a pedir la intervención de la Caja. Que hagan la intervención, un balance general y se vea cómo actuó este directorio”, afirmó.

Al cerrar, insistió en que las familias esperan una decisión política e institucional que permita revisar el funcionamiento del organismo y resolver el reclamo de fondo de los retirados territoriales. “De la Legislatura, lo único que ahora esperamos es la intervención de la Caja”, concluyó.