El oficialismo buscará aprobar este jueves en el Senado la ley de propiedad privada, una iniciativa que llega al recinto con quorum y números ajustados, y que en las últimas horas volvió a sumar controversias por el capítulo referido a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El principal punto de discusión gira en torno al denominado “silencio administrativo”, incorporado en uno de los borradores posteriores al dictamen. La redacción generó dudas entre legisladores dialoguistas, que analizan si acompañarán o no ese mecanismo dentro del proyecto.

El artículo 10 de la Ley 19.549 de procedimiento administrativo establece que “el silencio o la ambiguedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa”. Sin embargo, también aclara que “sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo”.

En el último borrador que circuló en el Senado, se plantea que cada provincia conservará “la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites de conformidad con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional”, y se recuerda que “los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución Nacional”.

El texto establece que las únicas restricciones para adquirir tierras rurales serían la prohibición para Estados extranjeros y para empresas con participación estatal extranjera, salvo autorización de la provincia donde se encuentre el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

El punto más sensible aparece cuando se indica que esa autorización “se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho”. Ese régimen comenzaría a regir a los 180 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley.

Una redacción similar se mantiene para la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros, que deberá regirse por las normas vigentes y contar con autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. En algún momento se evaluó incorporar una intervención del Congreso, aunque esa posibilidad finalmente habría sido descartada.

El proyecto ya acumula múltiples modificaciones posteriores al dictamen y generó malestar dentro de la Cámara alta, especialmente entre quienes cuestionan que el oficialismo pretenda introducir cambios en el recinto sobre un texto que ya fue analizado por asesores, discutido entre bloques y firmado como despacho de mayoría.

La discusión se da en medio de una agenda legislativa de alta tensión para la Casa Rosada. Además de esta ley, el oficialismo busca avanzar con el pliego judicial del camarista Víctor Pesino, vinculado a la reforma laboral, y con la iniciativa de inviolabilidad de la propiedad privada impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Con los votos todavía en revisión y sectores dialoguistas que mantienen reparos, el tratamiento de la ley llega al Senado en un clima de incertidumbre. La principal incógnita será si el oficialismo logra sostener los apoyos necesarios para aprobar un proyecto que, lejos de llegar ordenado al recinto, continúa sumando cambios y objeciones hasta último momento.