La Fiscalía de Estado emitió un duro dictamen sobre la situación de la infraestructura escolar en Tierra del Fuego y concluyó que las reiteradas suspensiones de clases, evacuaciones y fallas edilicias registradas en distintos establecimientos no responden a hechos aislados, sino a un problema estructural de gestión.

El pronunciamiento surgió a partir de denuncias por la interrupción de clases en la Escuela Provincial N.º 24 “Juan Ruiz Galán”, aunque luego el expediente se amplió e incorporó la situación de más de una veintena de instituciones educativas de Ushuaia, tras presentaciones realizadas por familias y por el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina.

Tras analizar la documentación remitida por el Ministerio de Educación, el organismo sostuvo que las deficiencias denunciadas quedaron acreditadas por los propios informes oficiales y que “no pueden ser atribuidas principalmente a restricciones presupuestarias”, sino a “las limitaciones de un modelo reactivo de gestión de la infraestructura edilicia”.

En esa línea, la Fiscalía advirtió que la administración provincial viene actuando sobre las consecuencias de los problemas y no sobre sus causas, con falencias en la planificación, la prevención, el control y el mantenimiento permanente de los edificios escolares.

Uno de los casos centrales analizados fue el de la Escuela N.º 24, donde las clases estuvieron suspendidas durante más de cuarenta días luego de descompensaciones sufridas por docentes y de una clausura preventiva de las instalaciones de gas por parte de Camuzzi. Según el dictamen, la directora del establecimiento había advertido durante meses sobre olores a combustión y problemas de calefacción, pero las intervenciones realizadas no fueron suficientes para evitar el incidente.

También se incluyó lo ocurrido en la Escuela N.º 34 “Yak Haruin”, donde cuatro alumnos se descompensaron durante un acto escolar y posteriormente el edificio debió ser evacuado nuevamente por problemas vinculados a sus instalaciones. Para la Fiscalía, existían informes técnicos previos que advertían sobre deficiencias que comprometían la seguridad, sin que se adoptaran medidas preventivas adecuadas.

El informe incorpora además antecedentes de numerosos establecimientos con problemas de calefacción, pérdidas de gas, instalaciones eléctricas deficientes, filtraciones, falta de agua caliente, sectores clausurados y suspensiones reiteradas de actividades. Entre ellos se mencionan las escuelas provinciales 1, 22, 30 y 31, los jardines N.º 2, 4, 18 y 19, los colegios Sobral, Los Andes y Marte, además de la Escuela Especial N.º 1.

La Fiscalía consideró que la repetición de estos episodios demuestra la falta de un sistema permanente de mantenimiento preventivo y recordó que desde hace más de una década viene formulando recomendaciones para establecer protocolos de relevamiento, monitoreo de suspensiones de clases, mecanismos de comunicación con las familias y sistemas centralizados de seguimiento.

Otro de los puntos centrales del dictamen es el rechazo a las explicaciones oficiales vinculadas con la falta de presupuesto. El organismo recordó que durante años estuvieron vigentes leyes de emergencia en infraestructura escolar que habilitaron procedimientos abreviados de contratación y autorizaron fondos para obras, por lo que entendió que el problema responde a una inadecuada fijación de prioridades y a fallas de planificación administrativa.

En ese marco, sostuvo que la infraestructura escolar “no puede administrarse como una sucesión de reparaciones aisladas” y advirtió que la normalización de la emergencia genera mayores costos económicos, administrativos y educativos que una política sostenida de mantenimiento preventivo.

Como conclusión, la Fiscalía exhortó al ministro de Educación a elaborar y elevar al gobernador un Plan Provincial de Gestión y Mantenimiento de la Infraestructura Escolar, con inspecciones periódicas, seguimiento documentado de las intervenciones y participación de directivos y de la comunidad educativa.

Además, solicitó al gobernador revisar integralmente la actuación de las áreas y funcionarios responsables para determinar si existieron incumplimientos en los deberes de prevención, coordinación, inspección y mantenimiento. También dispuso remitir copia de las actuaciones al Tribunal de Cuentas, para evaluar un eventual perjuicio fiscal, y al Ministerio Público Fiscal, para analizar la posible existencia de conductas delictivas derivadas de los hechos investigados.

En otro pronunciamiento, la Fiscalía también analizó la demora en el pago de certificados correspondientes a la obra de remodelación de la sala de máquinas e instalación de gas del Jardín N.º 13 “Zioshi” de Tolhuin.

El organismo concluyó que la obra fue ejecutada, incorporada al patrimonio público y cuenta con recepción provisoria desde julio de 2025, por lo que cuestionó que la Administración continúe demorando el pago de los certificados.

En ese punto, consideró jurídicamente inadmisible que el Estado invoque falta de crédito presupuestario para incumplir obligaciones ya reconocidas, y advirtió que este tipo de prácticas afecta la seguridad jurídica de las contrataciones públicas, desalienta la participación de empresas en futuras licitaciones, incrementa los costos de las obras y favorece la judicialización de los conflictos.

Por último, la Fiscalía exhortó al Ministerio de Educación a regularizar la situación, aprobar los certificados que correspondan y efectuar los pagos pendientes, al advertir que la continuidad de demoras sin fundamento jurídico suficiente podría generar responsabilidades administrativas, disciplinarias e incluso patrimoniales para los funcionarios intervinientes.