Dos presentaciones judiciales contra Carrefour Ushuaia avanzan por presuntos hechos de violencia laboral, divulgación de información confidencial y hostigamiento contra trabajadores. La abogada Griselda Engelhard informó que los casos son analizados en los fueros laboral y penal y que la investigación podría involucrar a personal jerárquico y representantes sindicales.

Una de las denuncias también apunta a las condiciones en las que desempeñan sus tareas los empleados. Según afirmó la letrada en Radio Provincia, el establecimiento lleva más de un año sin gas natural y utiliza gas licuado, que sería insuficiente para calefaccionar todas las instalaciones. Además, sostuvo que durante un tiempo no se habría entregado ropa térmica adecuada, aunque algunos trabajadores señalaron que la empresa comenzó a distribuir indumentaria después de que la situación tomara estado público.

El eje principal de las acusaciones está relacionado con documentación privada entregada al área de Recursos Humanos. De acuerdo con Engelhard, diagnósticos médicos, tratamientos, certificados y constancias de estudios habrían comenzado a circular dentro del supermercado poco después de ser incorporados a los legajos personales.

La abogada afirmó que esos datos presuntamente fueron utilizados para colocar apodos, realizar burlas, aislar a empleados y generar un desgaste emocional destinado a provocar su renuncia. Por ese motivo, solicitó que se investigue quiénes tenían acceso a los registros internos y de qué manera la información llegó a conocimiento de otros trabajadores.

Uno de los expedientes corresponde a una mujer que habría sufrido insultos, acoso y presiones durante aproximadamente cinco años. La denuncia sostiene que fue rodeada por tres hombres dentro de un depósito para obligarla a aceptar una reducción de categoría. También se investiga si información vinculada con una situación de violencia de género fue comunicada al presunto agresor sin que se activaran los protocolos correspondientes. Posteriormente, la empleada fue despedida.

La causa penal tramita mediante el sumario policial 175/26 ante el Juzgado de Instrucción N.º 2. La representación legal aseguró que dispone de testimonios y documentación y que solicitó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad, ante el temor de que algunos testigos sufran represalias laborales.

Engelhard adelantó además que se analiza una posible presentación contra el sindicato de empleados de comercio. La sospecha es que información confidencial aportada durante encuentros gremiales pudo haber llegado a personas señaladas como participantes del hostigamiento.

Finalmente, la abogada remarcó que la investigación deberá determinar las responsabilidades individuales y sostuvo que, en caso de comprobarse las acusaciones, no solamente podría responder la empresa, sino también quienes hubieran intervenido directamente en la difusión de datos o en las conductas denunciadas.