Organizaciones sociales y ambientales de Tierra del Fuego preparan una nueva jornada de movilización para expresar su rechazo al avance de capitales extranjeros sobre los recursos naturales del Atlántico Sur. Las acciones incluirán los denominados “atlanticazos” y actividades de visibilización territorial de cara a la sesión del Congreso Nacional prevista para el 6 de agosto.

Carla Wichmann, integrante de la Asamblea Comunidad Costera, señaló que existe preocupación por el desarrollo del proyecto petrolero León Marino, ubicado en cercanías de las Islas Malvinas. La referente cuestionó la participación de la empresa israelí Navitas, que posee la mayoría de las acciones del emprendimiento y trabaja junto con la británica Rockhopper Exploration.

Según explicó, el proyecto no surgió recientemente, sino que es consecuencia de varios años de estudios, inspecciones y perforaciones destinadas a determinar la capacidad productiva del yacimiento. La explotación de hidrocarburos estaría proyectada para comenzar en 2028.

Wichmann afirmó que algunas de las compañías relacionadas con estas operaciones también tienen presencia en el territorio argentino. Mencionó el caso de Harbour Energy, anterior accionista mayoritaria del proyecto León Marino, que participa en plataformas hidrocarburíferas ubicadas al norte de Río Grande dentro de un consorcio integrado junto con Total y Pan American Energy.

La asambleísta recordó que las concesiones vinculadas a la explotación de recursos en la Cuenca Austral fueron renovadas durante el período 2024-2025 con la intervención del Gobierno provincial y el posterior tratamiento legislativo. También señaló que Pan American Energy mantiene vínculos corporativos con capitales británicos.

Para Wichmann, esta situación expone una contradicción entre la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y las autorizaciones concedidas a empresas internacionales para operar en el continente. En ese sentido, cuestionó tanto al Gobierno nacional como a las autoridades provinciales por permitir la continuidad de estas actividades.

La referente sostuvo además que la producción de gas y petróleo no se traduce necesariamente en una mejora de las condiciones de vida de las comunidades fueguinas. Como ejemplo, mencionó las dificultades para acceder a la red de gas natural, la reducción de subsidios, los problemas en los servicios públicos y los cortes de energía registrados durante períodos de bajas temperaturas.

Finalmente, la Asamblea Comunidad Costera confirmó que continuará articulando acciones con organizaciones ambientales, agrupaciones sociales y vecinos autoconvocados. Las próximas protestas también buscarán expresar el rechazo a iniciativas relacionadas con la propiedad de la tierra, el manejo del fuego y la protección de los bosques, bajo la consigna de priorizar el cuidado del territorio y los intereses de sus habitantes.