La interrupción del servicio de gas por deudas acumuladas encendió una fuerte preocupación en Tolhuin, donde más de cien familias y algunos comercios quedaron sin calefacción mientras la ciudad soportó temperaturas de hasta 18 grados bajo cero.

La situación afecta a una localidad de aproximadamente 10 mil habitantes y obligó al Municipio a reforzar la asistencia social. Desde el Ejecutivo local señalaron que muchas familias ya no logran afrontar las facturas debido a los sucesivos incrementos registrados en el servicio.

La secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas, explicó que la suba de tarifas dejó a numerosos vecinos sin posibilidades económicas de regularizar sus cuentas. También cuestionó que las notificaciones de corte se enviaran principalmente por correo electrónico, una modalidad que perjudicó especialmente a adultos mayores y personas sin acceso habitual a herramientas digitales.

Según relató la funcionaria, algunos usuarios descubrieron que el servicio había sido suspendido cuando personal de la empresa ya había retirado el regulador de sus viviendas. En determinados casos, las familias permanecieron varios días sin gas durante jornadas de frío extremo.

Frente a este escenario, el Municipio comenzó a entregar ayudas económicas destinadas al pago de deudas y a los gastos necesarios para recuperar el suministro. Paralelamente, unas 75 familias reciben leña mediante un programa de asistencia para calefaccionar sus hogares.

La reconexión representa otra dificultad para los damnificados, ya que en algunos casos el costo total puede superar el millón de pesos. A la deuda se suman las inspecciones, la revisión de planos y los trabajos que deben ser realizados por gasistas matriculados.

Las autoridades municipales advirtieron que los recursos locales podrían resultar insuficientes si la emergencia continúa. Indicaron que la comuna también está destinando fondos propios a obras y servicios que dejaron de ser financiados por el Gobierno nacional.

Ante la gravedad del problema, representantes de Desarrollo Social se reunieron con el defensor público oficial federal de Tierra del Fuego, José Bongiovanni. El funcionario comenzó a intervenir luego de detectar casos de familias vulnerables que no habrían recibido información adecuada antes de la suspensión del servicio.

Entre los hogares afectados hay adultos mayores, niños y personas con enfermedades graves. Incluso se conocieron casos de menores que dejaron de concurrir a la escuela tras enfermarse por permanecer en viviendas sin calefacción.

Bongiovanni sostuvo que el acceso continuo y asequible a los servicios públicos está directamente relacionado con el derecho a la salud y a una vida digna. Por ese motivo, presentó pedidos de información ante Camuzzi y el Ente Nacional Regulador del Gas para conocer los procedimientos aplicados durante los cortes.