El Gobierno prepara una reforma inmobiliaria que eliminaría la matrícula obligatoria

El proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger propone transformar el corretaje en un servicio comercial, liberar los honorarios y reducir las facultades de los colegios profesionales.

Puntos importantes

• El Gobierno busca eliminar la matrícula obligatoria y el título universitario específico para trabajar como intermediario inmobiliario.

• Los colegios profesionales perderían sus facultades de control y sanción, mientras que los honorarios podrían negociarse libremente.

• La iniciativa genera posiciones enfrentadas entre quienes esperan una mayor competencia y quienes advierten una posible desprofesionalización del sector.

El mercado inmobiliario argentino podría atravesar uno de los cambios más importantes de las últimas décadas. El Gobierno nacional prepara una reforma que modificaría profundamente las condiciones para trabajar como corredor, abrir una inmobiliaria o prestar servicios de intermediación en la compraventa y alquiler de propiedades.

La iniciativa es promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. El proyecto todavía debe ser enviado y debatido en el Congreso, por lo que las modificaciones no se encuentran vigentes.

El eje central consiste en dejar de considerar al corretaje inmobiliario como una profesión liberal regulada y comenzar a encuadrarlo como una actividad de intermediación comercial. Ese cambio permitiría el ingreso de nuevos actores y reduciría las exigencias que actualmente rigen en diferentes provincias.

La eventual aprobación impactaría sobre corredores matriculados, inmobiliarias tradicionales, colegios profesionales, desarrolladores, franquicias, plataformas digitales y empresas tecnológicas. También podría modificar los costos y las condiciones que enfrentan quienes compran, venden o alquilan una propiedad.

Estos son los cinco cambios que transformarían el negocio inmobiliario

1. Se eliminaría la matrícula obligatoria

Uno de los puntos más fuertes del proyecto es la eliminación de la obligación de estar matriculado en un colegio profesional para ejercer como corredor inmobiliario.

También dejaría de exigirse un título universitario específico. De acuerdo con los borradores conocidos, podrían prestar servicios de intermediación tanto personas como empresas que cumplan con los requisitos generales establecidos para desarrollar una actividad comercial.

Actualmente, quienes desean intervenir profesionalmente en operaciones inmobiliarias deben contar con una matrícula habilitante dentro de la jurisdicción correspondiente. Para el Gobierno, ese sistema representa una barrera de ingreso que limita la competencia.

Los colegios profesionales, por el contrario, sostienen que la matrícula permite conocer los antecedentes del corredor, exigir capacitación y aplicar sanciones cuando se producen incumplimientos.

2. Los colegios perderían facultades de control

La reforma también propone reducir o eliminar el poder disciplinario que actualmente poseen los colegios de corredores y martilleros.

Estas entidades controlan las matrículas y pueden sancionar, suspender o excluir a los profesionales que incumplen las normas legales o éticas de la actividad.

Con el nuevo esquema, los colegios podrían continuar funcionando como asociaciones de incorporación voluntaria, pero ya no tendrían la exclusividad para autorizar quién puede trabajar ni para castigar el ejercicio sin matrícula.

El Gobierno considera que los controles generales previstos en el Código Civil y Comercial y en las normas de defensa del consumidor serían suficientes. Desde el sector profesional advierten que esa modificación podría disminuir la supervisión y aumentar los riesgos para los clientes.

3. Se podría trabajar en cualquier provincia

Otro cambio consiste en eliminar las limitaciones territoriales. En el sistema actual, un corredor matriculado en una provincia puede necesitar una nueva inscripción para trabajar legalmente en otra jurisdicción.

La reforma permitiría que una persona o empresa pueda ofrecer sus servicios en todo el país sin tener que gestionar diferentes matrículas provinciales.

Esta modificación favorecería especialmente a las franquicias, cadenas inmobiliarias nacionales, desarrolladores y plataformas digitales, que podrían ampliar sus operaciones con menos trámites y costos administrativos.

4. Los honorarios quedarían liberados

El proyecto contempla además la eliminación de aranceles mínimos, comisiones obligatorias y valores de referencia establecidos por los colegios profesionales.

Cada corredor, inmobiliaria o plataforma podría acordar libremente con el cliente cuánto cobrará por intervenir en una venta, compra o alquiler.

Desde el Gobierno sostienen que una mayor competencia podría reducir las comisiones y abaratar las operaciones. Sturzenegger cuestionó públicamente que los colegios profesionales puedan establecer precios mínimos para los servicios inmobiliarios.

Quienes rechazan el proyecto consideran que la competencia podría concentrarse únicamente en ofrecer precios más bajos, afectando la calidad del asesoramiento y el nivel de capacitación de quienes participan en las operaciones.

5. Cambiaría el modelo tradicional de las inmobiliarias

La modificación jurídica del corretaje podría abrir el mercado a empresas tecnológicas, bancos, fintech, desarrolladores, marketplaces y plataformas que combinen servicios inmobiliarios, financieros, legales y digitales.

También podría acelerar el uso de inteligencia artificial, tasaciones automáticas, contratos electrónicos, recorridos virtuales y sistemas digitales para poner en contacto directamente a propietarios, compradores e inquilinos.

Las inmobiliarias tradicionales seguirían operando, pero tendrían que competir con nuevos modelos comerciales, servicios de menor costo y compañías con capacidad para trabajar simultáneamente en diferentes regiones del país.

La reforma inmobiliaria divide al sector

La propuesta provocó un fuerte debate entre representantes empresariales, corredores matriculados y colegios profesionales.

Quienes respaldan la desregulación consideran que el corretaje es esencialmente una actividad comercial y que la matrícula obligatoria, los aranceles mínimos y las restricciones territoriales dificultan la competencia y la incorporación de nuevas tecnologías.

Desde los colegios inmobiliarios sostienen una posición opuesta. Afirman que el corredor no solamente conecta a las partes, sino que también verifica documentación, recibe reservas, asesora sobre contratos e interviene en operaciones que pueden involucrar importantes sumas de dinero.

Las entidades profesionales también advierten que eliminar la matrícula podría debilitar los controles sobre antecedentes, capacitación, ética profesional y prevención del lavado de activos.

El resultado dependerá ahora del contenido definitivo del proyecto y del respaldo que consiga en el Congreso. Hasta que la iniciativa sea aprobada y reglamentada, continuarán vigentes las matrículas, las normas provinciales y las exigencias actuales para ejercer el corretaje inmobiliario.