El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, volvió a declararse incompetente en el marco del conflicto judicial por la intervención de la Dirección Provincial de Puertos y remitió un nuevo expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin resolver el planteo presentado por 64 trabajadores portuarios.

La presentación fue realizada por empleados del organismo, quienes cuestionaron la legalidad de la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y advirtieron que la intervención afecta sus derechos laborales, la estabilidad en sus cargos y la carrera administrativa.

Además de la demanda principal, los trabajadores solicitaron una medida cautelar para frenar los presuntos perjuicios mientras se resuelve la cuestión de fondo. Sin embargo, el magistrado no analizó ese pedido y decidió apartarse nuevamente del expediente.

En su resolución, Calvete sostuvo que el planteo mantiene una “estrecha conexidad” con las causas iniciadas anteriormente por el Gobierno de Tierra del Fuego y por la propia Dirección Provincial de Puertos, ambas vinculadas también con la intervención del organismo.

Según el criterio del juez, permitir que distintos tribunales intervengan sobre un mismo conflicto podría generar decisiones contradictorias. Por ese motivo, entendió que corresponde que sea la Corte Suprema la que concentre el tratamiento de todos los expedientes relacionados.

No obstante, en la misma sentencia el magistrado reconoce que su juzgado podría resultar competente por la materia, el territorio y las personas involucradas. Aun así, consideró que la conexidad entre las causas justifica remitir las actuaciones al máximo tribunal.

La decisión se suma a otros dos expedientes en los que Calvete adoptó el mismo criterio. El primero fue la demanda presentada por el Gobierno provincial contra el Estado Nacional, donde se cuestionó la constitucionalidad de la intervención de la DPP. El segundo correspondió a la acción iniciada por la propia Dirección Provincial de Puertos, que también pidió declarar inconstitucional la medida nacional y solicitó una cautelar para frenar sus efectos.

En ambos casos, el juez federal se declaró incompetente, elevó las actuaciones a la Corte Suprema y no se pronunció sobre las medidas cautelares solicitadas.

Con esta nueva resolución, ya son tres los expedientes vinculados al conflicto por el Puerto de Ushuaia en los que el magistrado decidió no ingresar al tratamiento de fondo. Mientras tanto, los reclamos de la Provincia, de la Dirección Provincial de Puertos y de los trabajadores continúan sin una definición judicial sobre la legalidad de la intervención.