El director provincial de Análisis Legal de la Secretaría de Comercio de Tierra del Fuego, Matías Gamboa, advirtió que las estafas electrónicas se han convertido en uno de los principales motivos de consulta en Defensa del Consumidor. En diálogo con Aire Libre FM, explicó que tres de cada diez reclamos que recibe el organismo están relacionados con este tipo de fraudes.

El funcionario indicó que, aunque la determinación de si existió una estafa corresponde a la Justicia, Defensa del Consumidor interviene cuando considera que pudo haberse incumplido el deber de seguridad que deben garantizar las entidades financieras.

"De diez reclamos, tres son por presuntas estafas electrónicas. Si una persona deposita su dinero en un banco espera que esté resguardado, siempre que no haya autorizado ese débito", señaló. Además, sostuvo que en varios casos el organismo sancionó a entidades bancarias e incluso obtuvo indemnizaciones a favor de los consumidores.

Préstamos que nunca fueron solicitados

Gamboa explicó que una de las modalidades más frecuentes consiste en la obtención de préstamos sin autorización de los titulares de las cuentas.

Según detalló, los delincuentes logran acceder a información personal mediante mensajes falsos, correos electrónicos o enlaces maliciosos, utilizando incluso datos biométricos para gestionar créditos y transferir el dinero a otras cuentas.

También señaló que los adultos mayores continúan siendo el grupo más vulnerable frente a este tipo de maniobras.

Otros reclamos frecuentes

Durante la entrevista, el funcionario indicó que además reciben numerosas denuncias por demoras en la entrega de vehículos adquiridos mediante planes de ahorro, incumplimientos de garantías, conflictos con inmobiliarias, compañías telefónicas y cobros indebidos.

Asimismo, recordó que los reclamos vinculados con vuelos y aerolíneas ya no son competencia de Defensa del Consumidor y actualmente deben canalizarse ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Qué puede hacer Defensa del Consumidor

Gamboa explicó que el organismo interviene únicamente cuando existe una relación de consumo entre un proveedor y un consumidor final. En esos casos primero se intenta una instancia de conciliación y, si no hay acuerdo, puede aplicarse una multa a la empresa e incluso fijar una indemnización para el consumidor.

No obstante, aclaró que el organismo no puede obligar a una empresa a cumplir una determinada prestación, ya que esa facultad corresponde al Poder Judicial.

El funcionario recordó que las oficinas de Defensa del Consumidor funcionan en Alberdi 883, de 9 a 15 horas, donde también pueden realizarse consultas para determinar si un reclamo corresponde o no al ámbito de actuación del organismo.