El Tribunal Oral Federal de Ushuaia declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a los involucrados en una investigación por presunto contrabando iniciada en 2022 contra la empresa electrónica KMG, radicada en Río Grande.

La resolución se produjo luego de que la firma y los demás imputados aceptaran abonar conjuntamente $254.887.911,78 al Estado nacional, mediante un acuerdo de reparación integral del daño. De esta manera, el expediente quedó cerrado después de cuatro años de proceso judicial.

La causa había comenzado cuando la Aduana detectó operaciones consideradas sospechosas para importar placas de video de una marca poco conocida. Los productos, fabricados en China, eran comercializados por una compañía constituida en Delaware, Estados Unidos.

Según la investigación, la primera operación fue declarada por USD 1.424.000, mientras que una segunda alcanzó los USD 356.000. La acusación sostenía que el mecanismo habría permitido acceder a dólares a una cotización distinta de la vigente en el mercado y aprovechar los beneficios del régimen de promoción industrial.

La diferencia económica generada por las operaciones fue estimada en unos $300 millones. Los involucrados estaban imputados por contrabando agravado debido al valor de la mercadería y a la presunta utilización de documentación falsa o adulterada.

El acuerdo también benefició a dos directivos de KMG domiciliados en Buenos Aires, a la despachante de Aduana Cinthia Giandoménico y al socio gerente de Ingeniería 65 S.R.L., una empresa de Ushuaia que habría intervenido en una de las operaciones investigadas. Con el sobreseimiento, quedaron levantadas las restricciones e inhibiciones empresariales vinculadas con la causa.