Uno de los principales puntos de la iniciativa establece que, ante una medida de fuerza, deberá mantenerse como mínimo el 75 % de la prestación educativa en todos los niveles. Los legisladores sostienen que la finalidad es evitar que los estudiantes vuelvan a perder una parte considerable del calendario escolar.

El proyecto también contempla la creación de un registro oficial de los días y las horas de clases efectivamente dictadas. Esta herramienta permitiría a las familias acceder a información concreta sobre el cumplimiento del ciclo lectivo y facilitaría el seguimiento de los objetivos previstos.

Gracianía señaló que la propuesta busca encontrar un equilibrio entre el derecho constitucional de los trabajadores a realizar huelga y el derecho de los alumnos a recibir educación. Asimismo, afirmó que la situación educativa de la provincia es crítica y requiere respuestas urgentes.

La presentación se conoció este lunes 3 de agosto, cuando debían retomarse las actividades después de la extensión del receso invernal, pero el regreso quedó afectado por la medida gremial. Ahora, el proyecto deberá ingresar formalmente a las comisiones de la Legislatura para iniciar su debate.