La Cámara de Apelaciones rechazó por falta de fundamentos el recurso presentado por Google y dejó firme la medida cautelar que ordenó restituir la cuenta y los servicios digitales del camarista penal de Ushuaia, Andrés Leonelli. Con esta resolución, el expediente podrá avanzar ahora hacia el tratamiento de la cuestión de fondo.

El conflicto se originó luego del cierre de una cuenta de Google del magistrado, a partir de una denuncia automatizada. Según explicó Leonelli, el proceso ya tuvo varias resoluciones favorables, entre ellas una sanción en Defensa del Consumidor y la cautelar que obligó a la empresa a devolver el acceso a los servicios asociados.

“Ya tuvimos una condena en Defensa del Consumidor por la posición abusiva de Google frente al aviso automatizado que originó esta denuncia internacional. Después iniciamos una demanda y pedimos una serie de medidas cautelares que son inéditas en Argentina y en muchos lugares del mundo, porque Google no responde cuando un usuario solicita la restitución de una cuenta o de todos los servicios asociados. Obtuvimos una sentencia favorable que ordenó a Google LLC devolverlos y ahora la Cámara declaró desierto su recurso por falta de fundamentos”, señaló.

El cierre de la cuenta había dejado al camarista sin acceso a información personal, contactos, contraseñas, compras, aplicaciones y otros servicios vinculados al mismo usuario. Para Leonelli, esa concentración de herramientas digitales coloca a la empresa en una posición dominante y agrava las consecuencias de cualquier bloqueo decidido de manera automática.

“Cuando a una persona le cierran una cuenta de Google le cierran digitalmente la vida, porque ahí puede tener la agenda del teléfono, las contraseñas, servicios de streaming, compras y aplicaciones escolares. Se produce una suerte de muerte digital y después uno tiene que reinventarse. Por eso la causa no se limita a recuperar un correo electrónico, sino que discute el poder que tiene una empresa para privar a alguien de todos esos servicios mediante una decisión automática”, explicó.

La apelación de Google fue considerada insuficiente por el tribunal, por lo que la cautelar quedó vigente. Según Leonelli, la empresa mantuvo su postura incluso después del sobreseimiento dictado en la causa penal y priorizó sus términos y condiciones por encima de lo resuelto por la Justicia.

“El recurso fue desestimado porque no tenía fundamentos. Google sostuvo que existía una causa penal, aunque esa causa ya había terminado con un sobreseimiento y sin responsabilidad penal. Aun así, desoyó a las autoridades judiciales y mantuvo una denuncia calificada como criminal, generada sin control humano, pese a que desde el primer momento se explicó que el material estaba relacionado con mi actividad judicial. La contradicción es que también incumplió sus propios términos y condiciones, que fueron los que invocó para sancionarme”, afirmó.

Ahora, la demanda principal buscará determinar si la actuación de la compañía configuró un abuso de posición dominante. Además, se pondrá bajo discusión el funcionamiento de los algoritmos que procesan información personal y adoptan decisiones sin analizar el contexto particular de cada usuario.

“La cuestión central hoy es algorítmica: qué límites vamos a ponerle al algoritmo y qué control vamos a ejercer sobre él, porque de otro modo el algoritmo terminará controlándonos. Las empresas diseñan y entrenan estos automatismos para obtener dinero, y no van a fijarse límites por altruismo. Esos límites debemos imponerlos mediante los derechos fundamentales, la regulación y las decisiones judiciales”, remarcó.

Leonelli también cuestionó que las plataformas utilicen información personal para construir perfiles comerciales, segmentar contenidos y maximizar ganancias, pero no apliquen el mismo nivel de análisis al momento de revisar una sanción automatizada. “Las empresas absorben información personal, actividad en redes, historial y hábitos de navegación para obtener un mayor rédito. Sin embargo, cuando esa misma información debería utilizarse para cuidar al usuario y comprender el contexto, no lo hacen. En mi caso ignoraron los descargos, desconocieron que se trataba de material vinculado con una función judicial y terminaron generando una acusación gravísima. Eso demuestra por qué no puede dejarse una decisión de estas características exclusivamente en manos de un algoritmo”, sostuvo.

El reclamo judicial no apunta únicamente a una indemnización. La presentación también exige que Google rectifique la información difundida, vincule las búsquedas sobre el magistrado con el resultado del proceso y elimine publicaciones que continúan reproduciendo la acusación original.

“Lo más importante es que Google rectifique en las redes la información incorrecta que ventiló y que, cuando se busque mi nombre, aparezcan este juicio y el error cometido. También estamos analizando la aplicación del derecho al olvido para retirar publicaciones insidiosas que siguen circulando como consecuencia de esa actuación automática. La indemnización no es el objetivo principal; buscamos que se establezca una doctrina y una sentencia ejemplar”, indicó.

Concluida la etapa cautelar, el expediente avanzará sobre los daños ocasionados y las responsabilidades que podrían corresponder a las plataformas digitales frente a sus usuarios. Para Leonelli, el caso puede convertirse en un precedente relevante por la falta de antecedentes similares en Argentina y en otros países.

“Queremos generar un precedente que ordene la manera en que estas empresas ganan dinero sin provocar daños psicológicos, físicos o económicos. En Latinoamérica no existe un antecedente de estas características y en muchos países europeos tampoco. Esta causa nació de una experiencia personal, pero tiene una dimensión social: buscar una forma de limitar los algoritmos y evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse con tanta frecuencia”, concluyó.