La decisión fue adoptada luego de que varios senadores aliados expresaran dudas o adelantaran su rechazo. A esto se sumaron los pronunciamientos en contra de los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Neuquén, Rolando Figueroa, lo que terminó de complicar la posibilidad de reunir los votos necesarios.

La propuesta impulsada por el sector conducido en la Cámara alta por Patricia Bullrich pretendía elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrían quedar en manos de personas o empresas extranjeras dentro de cada provincia. Inicialmente se había evaluado una apertura más amplia, pero el texto fue modificado ante las críticas recibidas.

Los artículos retirados mantenían la prohibición de compra por parte de Estados extranjeros. Sin embargo, las empresas con participación estatal foránea podían acceder a inmuebles rurales si obtenían la autorización de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

También se contemplaba la obligación de registrar cada operación inmobiliaria, incluyendo los datos y la nacionalidad del comprador. Para las compañías vinculadas con otros Estados se exigía, además, incorporar las autorizaciones provinciales y nacionales.

Pese a la eliminación de este capítulo, el proyecto conserva cambios relacionados con las expropiaciones, los desalojos y las restricciones sobre terrenos afectados por incendios. La sesión también podría comenzar con una discusión por los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama para participar de manera virtual.