Integrantes del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales llegaron a Tierra del Fuego para capacitar a funcionarios y agentes vinculados con investigaciones penales que involucran evidencia digital, especialmente aquellas en las que niñas, niños y adolescentes resultan víctimas.

Amparo Zabalía, vocera del Observatorio, explicó en diálogo con Radio Provincia que el organismo fue creado en 2020 dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y es dirigido por Daniela Dupuy, fiscal especializada en cibercrimen. El espacio reúne principalmente a abogados, pero también participan especialistas informáticos, psicólogos y profesionales de otras disciplinas.

La llegada a Tierra del Fuego forma parte de un programa de alcance federal que trabaja sobre dos grandes áreas. Una está destinada a la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y familias, mientras que la otra apunta a capacitar a jueces, fiscales, defensores y fuerzas de seguridad.

“En el caso de la comunidad educativa, vamos especialistas a las distintas escuelas a sensibilizarlos, a los chicos, a toda la comunidad educativa, promoviendo prácticas seguras y responsables de los adolescentes en todas las plataformas y redes sociales”, explicó Zabalía.

En cuanto al trabajo con operadores judiciales, señaló que se busca intercambiar experiencias y brindar herramientas para las investigaciones desarrolladas en entornos digitales, poniendo especial atención en el tratamiento de la evidencia desde el comienzo de una causa hasta su llegada a juicio.

Uno de los aspectos centrales planteados por la especialista es la facilidad con la que puede desaparecer o modificarse una prueba digital. “Lo que pasa con la evidencia digital tiene una característica que todavía es más importante, que es que es volátil”, indicó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de saber cómo actuar frente a información que podría convertirse posteriormente en una prueba judicial. “No da lo mismo sacarle una captura de pantalla, guardarla, no da lo mismo compartir la información, no da lo mismo borrarla, no da lo mismo bloquear un contacto que te pareció sospechoso”, sostuvo.

La capacitación apunta precisamente a que funcionarios judiciales y la propia comunidad conozcan cómo preservar correctamente ese material. “Fundamentalmente todas las instancias desde la denuncia hasta el momento del juicio, cómo se lleva, se preserva la prueba”, explicó.

La experiencia en Ushuaia

Zabalía recordó que el Observatorio ya había trabajado el año pasado en Tierra del Fuego, cuando realizó una jornada de capacitación en el Colegio Sobral de Ushuaia. Antes de desarrollar las actividades, mantuvieron encuentros con autoridades educativas para identificar cuáles eran las situaciones que generaban mayor preocupación entre los estudiantes.

Fue en ese contexto que la especialista reveló uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo durante su experiencia en la capital fueguina. “En Ushuaia había mucho, o sea, lo que nos sorprendió fue mucho problema de abuso”, afirmó.

Según relató, durante las actividades algunos estudiantes encontraron un espacio para hablar sobre situaciones personales que atravesaban. “Muchos chicos nos compartieron” experiencias y, al generarse “un entorno de contención”, comenzaron a expresarse sobre circunstancias difíciles.

“A veces uno de golpe recibe relatos o situaciones que son complejas, que son graves. Entonces, es muy importante concientizar”, manifestó Zabalía.

La representante del Observatorio aclaró que las problemáticas varían de acuerdo con cada establecimiento y cada lugar. En otras experiencias realizadas en el país aparecen con frecuencia situaciones relacionadas con ciberbullying y manipulación o difusión de imágenes.

Entre las conductas que más preocupan mencionó el acoso digital y la circulación de material íntimo entre adolescentes. “Sucede muchísimo el tema del bullying y la difusión de imágenes íntimas. La difusión no consentida de imágenes íntimas entre los chicos sucede mucho”, explicó.

A esto se suma una problemática de mayor gravedad vinculada con la explotación sexual infantil y la circulación de material de abuso sexual infantil, situaciones que requieren intervención e investigación judicial.

Zabalía consideró que existe una mayor conciencia entre los jóvenes respecto de los riesgos digitales, aunque sostuvo que todavía queda un importante trabajo preventivo por delante. “Falta mucho por hacer”, aseguró, al advertir que las modalidades utilizadas para cometer delitos también evolucionan junto con las nuevas tecnologías.

Frente a este escenario, la especialista destacó que una de las herramientas fundamentales está dentro de las propias familias. Ante la consulta sobre qué pueden hacer los adultos para proteger a niños y adolescentes, respondió: “La primera que se me ocurre y es la que damos siempre es absolutamente casera y es estar y acompañar. Eso sustituye al prohibir y dejarlo solo”.

Para Zabalía, los adultos también deben involucrarse en el funcionamiento de las plataformas, utilizar controles parentales y brindar herramientas para que los chicos puedan desarrollar criterios propios frente a los riesgos. “Es estar y acompañar, no juzgar, enseñar”, resumió.

Finalmente, insistió en la necesidad de mantener abiertos los canales de comunicación dentro de las familias y actuar correctamente cuando aparece una posible evidencia de un delito. “Denunciar siempre, hablar, hablar y hablar. Los padres con los chicos, hablar y escucharlos”, concluyó.