La Justicia Federal declaró admisible un amparo presentado para acceder a información relacionada con la administración del Puerto de Ushuaia. El juez Federico Calvete ordenó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y a la Administración General de Puertos (AGP) responder el requerimiento dentro de un plazo de diez días hábiles.

Los organismos deberán detallar los ingresos, gastos, contrataciones, cuentas bancarias y transferencias realizadas desde el inicio de la intervención federal. El pedido busca reconstruir el recorrido de los recursos generados por la terminal portuaria y conocer el destino del dinero transferido a cuentas de la AGP, una sociedad estatal en proceso de disolución.

La medida también alcanza a la documentación sobre personal contratado, empresas autorizadas, movimientos de embarcaciones, accesos al muelle, incidentes, planes operativos, certificaciones y habilitaciones. Además, deberán remitirse copias completas de los expedientes administrativos y cualquier otro documento relacionado con el reclamo.

La acción judicial se originó a partir de una presentación del Diario del Fin del Mundo, que consideró incompletas o ambiguas las respuestas recibidas. Previamente, el fiscal federal interino Fernando Rota había determinado que la ANPyN tiene la responsabilidad principal de contestar, aunque señaló que la AGP también debía integrar la demanda debido a la reorganización existente entre ambos organismos.

Por el momento, la Justicia no evaluó si existieron irregularidades en la utilización de los recursos portuarios. Sin embargo, la apertura del amparo obliga a las autoridades a explicar, dentro de un expediente federal, cómo fueron administrados los fondos, qué contrataciones se realizaron y cuál fue el destino de las transferencias efectuadas desde el Puerto de Ushuaia.