El abogado Paulino Rossi se refirió al avance de las causas vinculadas al fallido desarrollo inmobiliario Altos de la Patagonia, que afectó a unas 60 familias de Río Grande que abonaron terrenos que, según denuncian, nunca les fueron entregados. El letrado representa a alrededor de 12 damnificados y confirmó que esta semana se realizó una primera audiencia en el marco del reclamo civil contra los integrantes del fideicomiso.

Rossi explicó que existen dos procesos en marcha: uno penal, en el que se investiga una presunta estafa, y otro civil y comercial destinado a obtener una reparación para las familias. “Para nosotros fue un hito muy importante, porque nosotros iniciamos dos causas. Una penal, por estafa, que después de mucho trabajo logramos que se llame a indagatoria a los miembros de la Caja y a los empresarios involucrados en este fideicomiso”, señaló. Según precisó, esa resolución se encuentra actualmente bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia.

Respecto de la causa civil, indicó que el proceso se tramita bajo la Ley de Defensa del Consumidor y que la producción de pruebas se extenderá hasta noviembre. “Los hechos están acreditados: la gente pagó la totalidad de su terreno, no se los entregaron, las oficinas al público fueron cerradas y nadie los atendía”, sostuvo Rossi, quien remarcó que durante años existieron dificultades para avanzar por planteos y problemas de notificación a los involucrados.

El abogado señaló que el fideicomiso estaba integrado por la Caja previsional vinculada a la Policía, la firma Financar S.A. y el empresario Prieto. En ese marco, aseguró que durante la reciente audiencia los representantes de la Caja manifestaron intenciones de analizar una eventual propuesta para los damnificados, aunque advirtieron sobre dificultades financieras. “Hoy solamente tenemos promesas vacías. Nosotros hemos exteriorizado la voluntad de tratar de llegar a un acuerdo, pero tenemos que tener una propuesta para analizarla”, afirmó.

Rossi cuestionó además el destino del dinero aportado por las familias y sostuvo que se trataba de operaciones realizadas a valores de mercado. “Sesenta terrenos se pagaron, en efectivo o en cuotas. Esa plata entró. Esa plata no está en la Caja, alguien se la llevó”, expresó, y agregó que justamente esa situación forma parte de la investigación penal por presunta estafa.

En relación con el origen del proyecto, explicó que la Caja habría aportado los terrenos mientras que los desarrolladores debían ejecutar la infraestructura y los servicios. “La Caja ponía los terrenos y la ganancia se repartía entre los que participaban en un negocio que, en una primera fase, era lícito”, detalló. Sin embargo, afirmó que posteriormente comenzaron a solicitarse nuevos aportes de dinero y las obras quedaron inconclusas. “Se tomaron fondos públicos y fondos de terceros para hacer una urbanización que, en realidad, nunca se iba a poder entregar”, cuestionó.

El representante legal aseguró que el principal objetivo de las familias continúa siendo alcanzar una solución habitacional, sin descartar además una reparación económica por los daños ocasionados durante una década. “La base es llegar a una solución habitacional, ese es el objetivo primario. Obviamente también hay que cuantificar el daño ocasionado a estas familias que hace 10 años no pueden disponer de su terreno”, explicó.

Asimismo, Rossi afirmó que, en caso de obtener una sentencia favorable y que esta no sea cumplida, avanzarán con las herramientas judiciales necesarias. “Si se llega a sentencia y no la cumplen, haremos una ejecución. Buscaremos los bienes de la Caja y, si tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, lo vamos a hacer”, advirtió.

Finalmente, rechazó que las demoras puedan atribuirse principalmente a la Justicia y responsabilizó a quienes integraron el fideicomiso. “La responsabilidad primaria de que esto sea lento ha sido de la Caja, de Financar y del señor Prieto, los tres integrantes de este fideicomiso que tenían que urbanizar. No le corramos la responsabilidad a quienes realmente la tienen”, manifestó.

Rossi también recordó que una parte de los compradores eran integrantes de la fuerza policial y aseguró que algunos evitaron reclamar inicialmente por temor a consecuencias laborales. “Muchos, por miedo, no hicieron el reclamo porque tenían que ir contra sus superiores. Nos han planteado abiertamente el temor a represalias dentro de la fuerza”, concluyó, al tiempo que expresó su expectativa de que el proceso permita alcanzar una solución para la totalidad de las familias afectadas.