La posible instalación de granjas industriales de salmón en las Islas Malvinas abrió una fuerte discusión entre sus habitantes. Mientras el emprendimiento promete inversiones, nuevos empleos y una importante expansión económica, organizaciones ambientalistas reclaman que la decisión sea sometida a un referéndum por los riesgos que podría representar para uno de los ecosistemas más sensibles del Atlántico Sur.

La iniciativa pertenece a Unity Marine, una sociedad conformada por la pesquera Fortuna y la compañía danesa F-land ApS. El proyecto contempla producir hasta 50.000 toneladas de salmón por año en 16 puntos costeros. Según estudios encargados por las autoridades isleñas, una explotación de 30.000 toneladas podría aportar cerca de 35 millones de libras esterlinas anuales y crear 133 puestos de trabajo.

La organización Salmon Free Falklands cuestionó la consulta pública abierta hasta el 30 de octubre y pidió que los aproximadamente 3.500 residentes del archipiélago puedan votar directamente. Sus integrantes aseguran que existe información insuficiente sobre las consecuencias de la actividad y advierten que los residuos podrían perjudicar los bosques de algas, las zonas de reproducción del calamar y las poblaciones de pingüinos, ballenas, delfines y lobos marinos.

Especialistas ambientales también señalaron que todavía no se determinó científicamente cuántos peces podrían criarse sin alterar el equilibrio natural. Además, remarcaron que faltan estimaciones sobre los costos de fiscalización, el tratamiento de ejemplares muertos ante eventuales mortandades masivas y los efectos acumulativos que tendría la producción intensiva sobre las aguas costeras.

Las autoridades locales afirmaron que aún no existe una autorización definitiva y aseguraron mantener una posición neutral. El debate se reabrió después de que una decisión que había rechazado el proyecto en 2022 fuera anulada mediante un acuerdo judicial. Ahora, el pedido de referéndum busca dejar la resolución final en manos de los habitantes, en medio de una disputa que enfrenta las expectativas económicas con la protección ambiental de las Malvinas.