La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), Laura Montes, respondió a los cuestionamientos realizados por vecinos autoconvocados de Río Grande en relación con las adjudicaciones, el manejo de los recursos y las respuestas que brinda el organismo ante la creciente demanda habitacional. La funcionaria afirmó que actualmente no existen denuncias institucionales formalizadas por las supuestas irregularidades mencionadas públicamente.

En declaraciones a Radio Fueguina, Montes sostuvo que las actuaciones del Instituto están sometidas a diferentes instancias de fiscalización y que la información vinculada con su funcionamiento puede ser requerida mediante los canales administrativos correspondientes. “No tenemos formalizada ninguna denuncia por impugnación”, señaló.

La funcionaria enumeró además los organismos encargados de controlar la actividad del IPVyH. “Tenemos muchísimos organismos de control, internamente hay una auditoría, está el Tribunal de Cuentas, está la Legislatura, está el Defensor del Pueblo, está la Justicia”, indicó. También recordó que el presupuesto del organismo se presenta todos los años ante la Legislatura provincial y posteriormente se publica de manera oficial.

Parte de la controversia surgió a partir de los planteos realizados por la vecina Gisela Moledo, con quien Montes confirmó haber mantenido un encuentro días atrás. Según explicó, durante esa reunión recibió consultas relacionadas con el presupuesto y el destino de los recursos. “Yo estuve con ella el viernes y me expresó esta posibilidad de saber cuál era nuestro presupuesto, en qué gastábamos el dinero”, relató.

Montes aseguró que posteriormente le remitió la documentación solicitada. “Le mandé el presupuesto actual de obras sin ningún tipo de problema porque entiendo que ella tenía una necesidad de saber cuál era el presupuesto y en qué se gastaba el dinero del IPV”, expresó. También manifestó que las distintas presentaciones efectuadas por la vecina quedaron incorporadas a su expediente y fueron respondidas administrativamente.

La titular del organismo explicó que uno de los reclamos está relacionado con la situación habitacional del hijo de Moledo, quien se encuentra inscripto desde 2022 y tiene una discapacidad. De acuerdo con Montes, la familia posee un terreno y solicitó financiamiento para construir una vivienda, pero actualmente el Instituto no cuenta con una operatoria crediticia de esas características.

“Ella ha presentado un presupuesto para que le hagamos un préstamo a su hijo, que tiene un lote, y nosotros no estamos con operatoria de crédito, por lo cual nuestra respuesta no fue positiva”, explicó. Según la presidenta del IPVyH, a partir de esa respuesta comenzaron otras consultas vinculadas con los recursos disponibles y posteriormente surgieron los planteos junto a otros vecinos.

Al referirse específicamente a las adjudicaciones, Montes rechazó que dependan exclusivamente de la voluntad de las autoridades políticas del Instituto. “No soy yo ni ningún presidente el que decide arbitrariamente a quién le corresponde o no vivienda. Hay cupos, hay reglamentarias, hay personas profesionales dentro de todas las áreas del IPV que firman”, aseguró.

En ese contexto, indicó que cualquier sospecha sobre una adjudicación determinada puede presentarse formalmente para iniciar el correspondiente análisis administrativo. “Si ella tiene alguna denuncia particular de adjudicación, puede venir y hacerla”, afirmó.

Montes reconoció, sin embargo, que Tierra del Fuego mantiene una importante demanda habitacional acumulada. A ese escenario sumó las dificultades generadas por la falta de financiamiento proveniente del Gobierno nacional, situación que obligó al organismo a revisar sus mecanismos de funcionamiento y buscar nuevas herramientas para sostener las políticas de vivienda.

“El IPV está en una etapa de readecuación para su trabajo”, señaló la funcionaria, quien mencionó que se trabaja en una modificación legislativa orientada a generar recursos provinciales destinados a tierra y vivienda. Respecto de las personas que permanecen inscriptas durante años, aseguró que el organismo mantiene como criterio central el tiempo de espera: “Es verdad lo que dice la señora, hay acumulada demanda, pero siempre respetamos la antigüedad de inscripción”.

Finalmente, Montes insistió en diferenciar las situaciones personales de los cuestionamientos generales al funcionamiento de la institución. “Sinceramente no tenemos ninguna denuncia, los sumarios son a personas físicas, no a instituciones y obviamente cualquier información que salga desde el instituto es pública por los canales correspondientes”, sostuvo.