Tras conseguir que Carlos Córdoba recupere la libertad mientras la sentencia en su contra continúa bajo revisión, su defensa anticipó que la próxima batalla judicial estará centrada en intentar dejar sin efecto la condena a cinco años de prisión. El abogado penalista Raúl Paderne aseguró que existen irregularidades procesales que, a criterio del estudio jurídico, podrían provocar la nulidad de lo actuado.

En declaraciones a FM La Isla, Paderne explicó que Córdoba llegó al estudio cuando ya había sido condenado y permanecía detenido bajo prisión preventiva, pese a que el fallo todavía no estaba firme. La nueva estrategia fue llevada adelante específicamente por el abogado Maximiliano Hercole y tuvo como primera medida cuestionar la continuidad del encierro.

Según el letrado, no existían elementos que permitieran sostener un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento del proceso. Córdoba había transitado la causa en libertad, había comparecido ante cada requerimiento judicial y, de acuerdo con la defensa, ninguna circunstancia se había modificado para justificar su detención después del juicio. “No hay ninguna condición que haya variado antes del debate que justifique que Carlos Córdoba esté preso”, sostuvo Paderne.

El Superior Tribunal de Justicia finalmente hizo lugar al planteo y dispuso la liberación. Para Paderne, la resolución ratificó el carácter excepcional que debe tener la prisión preventiva cuando todavía existe una sentencia susceptible de revisión. “Hoy su principio de inocencia no ha sido vulnerado y esto es lo que ha reconocido el Superior Tribunal de Justicia”, afirmó.

Con la cuestión de la libertad resuelta, la defensa ahora concentra sus esfuerzos en la condena vinculada a 22 hechos de estafa relacionados con el plan de viviendas de ATE en Ushuaia. Uno de los cuestionamientos principales apunta a la actuación del Instituto Provincial de Vivienda como querellante. Paderne sostuvo que el organismo no habría formulado oportunamente el requerimiento de elevación a juicio y que, por esa razón, posteriormente no podía intervenir de la manera en que lo hizo.

El abogado recordó que durante el expediente el Ministerio Público Fiscal había contemplado una alternativa con una pena máxima de dos años y ocho meses de prisión condicional, propuesta que encontró la oposición del IPV. Para la actual defensa, el organismo ya había perdido la posibilidad procesal de sostener esa posición. “El IPV no tenía ese derecho. Lo había perdido”, señaló Paderne, quien consideró que desde ese momento se generó un vicio capaz de afectar las actuaciones posteriores.

“La condena es nula, tienen que retraer hasta el momento del requerimiento fiscal. Es el último acto procesal válido”, sostuvo el penalista. Ese argumento fue incorporado dentro de los agravios presentados en la instancia de casación. La defensa informó que dos cuestionamientos fueron admitidos, mientras que por un tercero rechazado se interpuso una queja para que también sea considerado por el Superior Tribunal.

Paderne también realizó fuertes críticas a la estrategia jurídica anterior y aseguró que, en más de cuatro décadas de ejercicio profesional, pocas veces observó una defensa de esas características. Entre sus objeciones mencionó que inicialmente se había solicitado la prisión domiciliaria en lugar de discutir directamente la legalidad de la prisión preventiva. A su entender, esa decisión implicaba aceptar previamente la existencia de una medida de encierro que debía haber sido cuestionada.

De todos modos, el abogado aclaró que la reciente resolución que permitió la libertad de Córdoba no significa que el Superior Tribunal haya adelantado opinión sobre la condena. “La sentencia de hoy se ocupa específicamente del incidente excarcelatorio. No se puede vincular una cosa con otra ni se debe”, remarcó. De esta manera, Córdoba permanecerá libre mientras continúa una disputa judicial que ahora tendrá como eje determinar si la condena a cinco años debe mantenerse o si las irregularidades denunciadas obligan a retrotraer el expediente.