Las familias de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan avanzarán con una apelación contra las absoluciones de tres exintegrantes de la conducción de la Armada Argentina. La querella cuestionará la decisión que desvinculó penalmente a Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa y llevará el planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La abogada Valeria Carreras confirmó que el equipo jurídico comenzó a estudiar las 767 páginas de fundamentos del fallo antes de definir los argumentos que integrarán el recurso. “Sí, sí, lo vamos a recurrir. Lo que no te puedo decir ahora es cuáles van a ser nuestros argumentos completos y totales”, sostuvo. La querella, en cambio, no discutirá la condena contra Claudio Javier Villamide.

Villamide, quien se desempeñó como comandante de la Fuerza de Submarinos, recibió una pena de tres años de prisión condicional y una inhabilitación especial por el doble de ese período. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz lo consideró responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado. Los otros tres acusados fueron absueltos por unanimidad al entender los jueces que no existían pruebas suficientes para atribuirles responsabilidad penal por el resultado.

Uno de los principales cuestionamientos de la querella apunta a la responsabilidad que tenía López Mazzeo al frente del Comando de Alistamiento y Adiestramiento. Carreras considera que sus funciones estaban directamente relacionadas con las condiciones materiales y operativas de la flota. “Alistamiento te está hablando de cómo está el estado de los buques, de la flota, de los fierros, como dicen ellos. En este caso el submarino. Por lo tanto, nosotros consideramos que sí hubo esa responsabilidad”, afirmó.

También será revisada la situación de Hugo Miguel Correa, quien era jefe de operaciones. Según explicó la abogada, entre sus obligaciones se encontraba garantizar que la embarcación dispusiera de los víveres, sistemas de comunicación y elementos necesarios para cada misión. La estrategia será contrastar nuevamente esas funciones con los reglamentos internos de la Armada y con toda la prueba incorporada durante el juicio.

Más allá de las responsabilidades individuales, Carreras destacó que la sentencia dejó documentado el deterioro que atravesaba la Armada en los años previos al hundimiento. “Sí quedó expuesto a través de documentos, pruebas y los dichos de muchísimos testigos e incluso los acusados que el estado del material de la Armada, no solamente del submarino, es paupérrimo”, afirmó. Entre los elementos mencionados durante el debate se indicó que una importante cantidad de buques tenía vencidos sus períodos de mantenimiento y carenado.

El fallo también hizo referencia a las restricciones presupuestarias y a las deficiencias de equipamiento que afectaban al ARA San Juan. Entre otras falencias fueron mencionadas la falta de filtros de cal soda, candelas de oxígeno y distintos elementos vinculados con la seguridad de la nave. Para la querella, ese escenario deberá ser considerado nuevamente al momento de analizar las responsabilidades dentro de la cadena de mando.

La discusión judicial continuará además por fuera de este juicio. Carreras recordó que permanece abierta en Caleta Olivia otra investigación relacionada con eventuales responsabilidades políticas en el hundimiento, que podría alcanzar al expresidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad. “Quedan muchos más responsables”, aseguró la letrada al señalar que el proceso recientemente finalizado se limitaba exclusivamente a los cuatro militares que habían llegado acusados al debate oral.