El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema para detectar y bloquear los teléfonos celulares utilizados dentro de las cárceles provinciales, una medida a la que podrán adherir todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa apunta a impedir que las personas privadas de su libertad puedan utilizar celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 806/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Hasta ahora, el mecanismo de bloqueo estaba circunscripto al Servicio Penitenciario Federal. Con la nueva normativa, cada provincia podrá incorporarse voluntariamente al sistema mediante la firma de un convenio con Nación, extendiendo el procedimiento a sus propias unidades penitenciarias.

El sistema permitirá detectar los celulares que sean activados dentro de las áreas de detención y obtener diferentes datos técnicos, entre ellos el IMEI, que identifica al aparato, y el IMSI, vinculado con la tarjeta SIM.

Esto permitirá que el teléfono detectado quede inutilizado aun cuando el usuario intente cambiarle el chip, ya que el bloqueo podrá realizarse directamente sobre el dispositivo y no solamente sobre la línea telefónica.

Cómo se bloquearán los celulares

Una vez detectado un equipo dentro de una cárcel provincial, las autoridades penitenciarias deberán informar los datos al Ministerio de Seguridad Nacional.

La cartera nacional funcionará como ventanilla única ante las compañías de telefonía móvil y será la encargada de solicitar formalmente la inhabilitación de los dispositivos. De esta manera, las provincias que adhieran al programa no gestionarán directamente los bloqueos ante las operadoras.

Una vez recibido el pedido oficial, las empresas de telefonía tendrán un plazo máximo de 48 horas para confirmar que el bloqueo fue ejecutado.

La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de coordinar la implementación del programa con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todas las provincias podrán adherir

La Resolución 806/2026 establece un modelo de convenio para facilitar la incorporación de las distintas jurisdicciones. De esta manera, cualquier provincia del país podrá adherir al sistema y aplicar el bloqueo de celulares dentro de sus establecimientos penitenciarios.

Las jurisdicciones que se sumen deberán cargar diariamente la información correspondiente a los dispositivos detectados en un servidor habilitado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Los datos serán organizados según cada empresa prestadora y estarán sometidos a normas de confidencialidad y mecanismos de auditoría.

El protocolo también establece que los servicios penitenciarios provinciales deberán realizar un monitoreo remoto de los equipos de detección e informar cualquier inconveniente registrado durante el procedimiento.

La normativa contempla excepciones para las personas autorizadas a ingresar a las unidades penitenciarias con dispositivos móviles, como agentes penitenciarios, magistrados, abogados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares. Para estos casos deberán habilitarse sectores específicos para guardar los teléfonos, ubicados fuera de las áreas alcanzadas por el sistema de detección.

Con la puesta en marcha del programa, el Gobierno nacional busca extender a las cárceles provinciales el control sobre el uso ilegal de celulares por parte de los internos, centralizando además los pedidos de bloqueo ante las compañías telefónicas.