Daniel Ezequiel Torres, de 35 años, deberá enfrentar un juicio oral y público en Ushuaia acusado de nueve hechos de estafa y amenazas reiteradas, luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara el planteo de su defensa para cerrar el proceso mediante una reparación económica.

La resolución fue adoptada por los jueces Paola Caucich y Sergio Diéguez, integrantes de la Sala Penal, quienes ratificaron la decisión que había descartado la aplicación del mecanismo de reparación integral del daño.

La causa sostiene que Torres habría ofrecido y comercializado terrenos ubicados en el barrio Dos Banderas como si pudiera disponer legalmente de ellos. Sin embargo, los lotes involucrados formarían parte de tierras fiscales pertenecientes a la Municipalidad de Ushuaia.

De acuerdo con la acusación elevada a juicio, nueve personas habrían entregado dinero creyendo que concretaban operaciones legítimas. La situación generó además otra consecuencia para los compradores, ya que al instalarse en terrenos municipales quedaron expuestos a ser considerados ocupantes irregulares de esos predios.

El expediente también incluye distintos episodios de amenazas atribuidos al acusado. Uno de ellos habría ocurrido cuando una de las personas damnificadas le reclamó la devolución del dinero entregado por la adquisición de uno de los lotes.

Otro de los hechos investigados se registró en julio de 2024 dentro del edificio municipal ubicado sobre Arturo Coronado. Según consta en la causa, Torres habría expresado ante uno de los perjudicados que “ustedes tres tienen la cabeza rifada”, en una referencia que también habría alcanzado a los funcionarios municipales Mauricio Neubauer y David Ferreyra.

La posibilidad de evitar el debate oral surgió a partir de una propuesta de reparación económica presentada por la defensa. El planteo encontró la oposición del fiscal Nicolás Arias, quien consideró que el ofrecimiento no guardaba relación con la magnitud de los perjuicios denunciados.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, la alternativa planteada “carece de toda proporcionalidad” frente al dinero perdido por los damnificados y las características de los hechos investigados.

Arias fue todavía más crítico al sostener que con la propuesta se “pretende ficticiamente reparar lo irreparable, constituyendo no una reparación integral, sino una ironía frente al esfuerzo y las pérdidas de los damnificados”.

El fiscal también tuvo en cuenta los antecedentes judiciales del imputado y señaló que Torres ya había accedido anteriormente a mecanismos alternativos de resolución de conflictos en otras causas vinculadas con delitos contra la propiedad.

Con la confirmación de la Cámara de Apelaciones quedó descartada la posibilidad de finalizar este expediente mediante una compensación económica. El acusado deberá responder ahora ante un tribunal por las presuntas estafas vinculadas con los terrenos municipales y los episodios de amenazas incluidos en la acusación.