El aumento de los ataques de perros asilvestrados contra el ganado volvió a generar preocupación en el sur de Chile, especialmente en Magallanes y Tierra del Fuego. Frente a este escenario, la Cámara de Diputados analiza dos proyectos que buscan establecer nuevas herramientas legales para capturar y controlar a estos animales, incluyendo bajo determinadas condiciones la posibilidad de aplicar control letal.

Los antecedentes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) muestran la magnitud del problema. Entre 2012 y 2025 se registraron 170 denuncias por ataques de carnívoros al ganado en Magallanes, con 4.950 animales afectados. Los perros estuvieron involucrados en el 72% de los casos y fueron responsables del 82% de los animales atacados. Tierra del Fuego concentra una parte importante de estos hechos, con 73 ataques y 3.284 animales afectados.

Uno de los proyectos propone considerar a los perros asilvestrados como una amenaza para la biodiversidad y habilitar medidas de captura y control cuando exista riesgo para las personas, la fauna nativa o la propiedad privada. La segunda iniciativa busca definir legalmente a los perros ferales como animales que perdieron el vínculo con los seres humanos y presentan comportamientos depredadores.

La discusión más sensible pasa por la posibilidad de autorizar el control letal en situaciones específicas. También se analiza modificar el Código Penal para eximir de responsabilidad a quienes actúen para defenderse, proteger a otra persona o resguardar su ganado frente a un ataque actual o inminente de perros salvajes. Las medidas no implicarían una autorización general para eliminar animales sueltos, sino que estarían sujetas a requisitos y protocolos.

Los proyectos se encuentran todavía en su primer trámite constitucional y son estudiados por la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, productores de Tierra del Fuego chilena continúan reclamando respuestas ante las pérdidas provocadas por las jaurías y advierten que la falta de herramientas legales dificulta una intervención efectiva.