Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados propone modificar el sistema de adopción para que los jueces deban considerar especialmente el vínculo construido entre un niño y su familia de tránsito cuando la convivencia se extienda por más de un año.

La iniciativa fue impulsada por el diputado nacional Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y apunta a dar respuesta a situaciones en las que niños, niñas y adolescentes permanecen durante largos períodos bajo el cuidado de una misma familia de acogimiento, pese a que esa modalidad fue pensada originalmente como transitoria.

El proyecto establece que, cuando un niño lleve más de 365 días con una misma familia de tránsito, el juez deberá valorar de manera particular la relación afectiva generada antes de resolver su futuro. “El paso del tiempo no puede otorgar automáticamente a un adulto el derecho a adoptar, pero tampoco puede ser indiferente en la vida de un niño. Si un tránsito pensado para algunos meses se prolonga durante años, el vínculo construido deberá formar parte de la decisión”, señaló Massot.

La propuesta no obliga a la familia de tránsito a adoptar ni le otorga automáticamente ese derecho. En caso de querer hacerlo, deberá manifestar su voluntad, atravesar una evaluación integral de idoneidad e incorporarse al registro de adoptantes. La decisión final seguirá en manos del juez, siempre bajo el criterio del interés superior del niño.

Al momento de resolver, el magistrado deberá analizar la duración y la calidad del vínculo, la estabilidad del hogar, la continuidad de los cuidados y el impacto que podría generar una separación. También deberá escuchar la opinión del niño, según su edad y grado de madurez.

Actualmente, el acogimiento familiar no genera por sí mismo un derecho a adoptar, ya que se trata de una medida temporal. Esa regla busca evitar que una persona se presente como familia de tránsito para eludir el procedimiento previsto para quienes están inscriptos en el registro de adoptantes.

El proyecto mantiene esa cautela, pero plantea que el sistema tampoco puede desconocer una relación afectiva consolidada durante una convivencia prolongada. Por eso, excluye expresamente los casos originados en entregas directas, maniobras para saltear el registro o cualquier otro hecho ilícito.

“El objetivo de todas las medidas que plantea el proyecto es uno sólo: ubicar efectivamente al niño, niña o adolescente en el centro de las decisiones. Para eso se requieren instituciones que funcionen en tiempo razonable, decisiones fundadas, familias preparadas, recursos disponibles y políticas públicas capaces de acompañar las transiciones que atraviesan los niños”, afirmó Massot.

El legislador sostuvo además que, cuando la permanencia en la familia de origen es posible, el Estado debe garantizar las condiciones para sostenerla. “Cuando no lo es, debe procurar una solución familiar alternativa sin demoras injustificadas. Y cuando la adopción resulta finalmente la respuesta adecuada, debe asegurar que la integración familiar pueda construirse con tiempo, estabilidad, acompañamiento y protección social”, agregó.

La iniciativa también incorpora la figura del “referente afectivo”, una persona que, sin tener parentesco con el niño, haya construido una relación significativa, estable y protectora. Si manifiesta su voluntad de adoptar, podrá ser evaluada e incorporada al registro correspondiente.

Además, en caso de que el niño sea integrado a otra familia adoptiva, el proyecto contempla la posibilidad de mantener contacto con la familia de acogimiento, siempre que esa continuidad resulte beneficiosa. El objetivo es evitar rupturas abruptas de vínculos previos que hayan sido importantes en su trayectoria.

La reforma incluye otras modificaciones, como la creación de una licencia laboral de hasta 30 días durante la etapa de vinculación y otra de 90 días desde el otorgamiento de la guarda, con posibles extensiones en casos de adopción de grupos de hermanos, niños mayores de ocho años o personas con discapacidad.

También prevé una asignación mensual durante el proceso de integración adoptiva, acompañamiento psicológico, social y jurídico antes y después de la adopción, capacitación obligatoria para aspirantes y mayores controles sobre las demoras administrativas y judiciales.

Por último, el proyecto plantea que las prestaciones sociales y sanitarias acompañen al niño durante los cambios de cuidado, para evitar interrupciones en el paso de una institución o familia de acogimiento hacia una guarda adoptiva.