El Gobierno de Tierra del Fuego debe presentar este lunes ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2027, en un contexto atravesado por definiciones pendientes que condicionan la estimación de ingresos y gastos para el próximo ejercicio.

La presentación se realizará antes de que Nación dé a conocer sus propias pautas macroeconómicas, previstas para mediados de septiembre. Por ese motivo, la Provincia deberá proyectar variables como inflación, actividad económica, salarios, recaudación y coparticipación sin contar todavía con los parámetros nacionales oficiales.

El plazo de presentación está previsto en el artículo 67 de la Constitución Provincial, que establece que el proyecto debe remitirse antes del 31 de agosto. Además, la Ley Provincial 495 de Administración Financiera ratifica esa fecha y exige precisar los criterios utilizados para calcular recursos y erogaciones.

El punto de partida también presenta complejidades. El Presupuesto 2026 había estimado ingresos por $2,23 billones y gastos por $2,28 billones, con un déficit financiero de $49.193 millones. Sin embargo, al no ser aprobado, el Ejecutivo recondujo el Presupuesto 2025 y estableció mediante el Decreto 32/26 créditos consolidados por $2,405 billones.

Sobre ese esquema impactó una inflación que acumuló 19,3% hasta julio y alcanzó el 33,8% interanual, presionando sobre salarios, prestaciones, servicios e insumos del Estado.

Otro factor central será la negociación salarial con los estatales. Los gremios reclaman recomposiciones que superen la inflación mensual y permitan recuperar poder adquisitivo, por lo que el resultado de las paritarias tendrá incidencia directa sobre el gasto y sobre la base desde la cual se proyectarán las partidas salariales de 2027.

Del lado de los ingresos, el panorama también muestra señales mixtas. En julio, Tierra del Fuego recibió alrededor de $84.413 millones en transferencias automáticas nacionales, con una mejora real interanual del 8,4%. Sin embargo, entre enero y julio acumuló aproximadamente $511.047 millones, lo que representó un crecimiento nominal del 31,5%, pero una caída real del 1,4% al descontar la inflación.

A estas variables se suma la situación del sector hidrocarburífero. Desde enero, Terra Ignis asumió áreas cedidas por YPF y luego seleccionó a Velitec para operar Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego, con el objetivo de recuperar producción en yacimientos afectados por la desinversión y el declino natural.

En paralelo, vencieron sin prórroga las concesiones de Angostura, Las Violetas y Río Cullen, que estaban en manos de la UTE integrada por Roch, Secra, Crown Point y DPG. Esas áreas revirtieron a la Provincia y, mientras se prepara una nueva licitación, Roch continuará operándolas por cuenta y orden del Estado durante un período estimado de cinco a seis meses.

Este nuevo esquema obligará al Gobierno a proyectar los ingresos hidrocarburíferos de 2027 en medio de cambios de operadores, modelos de explotación y transición administrativa. En el caso de las áreas revertidas, el Estado pasará a controlar no solo la producción, sino también costos, ventas, recaudación y pagos durante ese período.

La evolución de estos recursos será clave, especialmente porque las regalías hidrocarburíferas están comprometidas como garantía del bono internacional TFU 2027.

De esta manera, el Presupuesto 2027 deberá elaborarse sobre un escenario todavía abierto, condicionado por la inflación, las negociaciones salariales, la evolución de la coparticipación nacional y el comportamiento de los ingresos hidrocarburíferos en plena reorganización de las concesiones.