El Ministerio respondió en medio del reclamo de familias que mantienen un acampe

En medio del reclamo que sostienen entre cinco y diez familias frente a las oficinas de Estrada al 770, en Río Grande, por demoras en procesos de revinculación con sus hijos y nietos, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, explicó cómo se trabaja en estos casos y remarcó que las decisiones finales corresponden exclusivamente a la Justicia.

Las familias que mantienen el acampe aseguran que existen decisiones judiciales que ordenan avanzar con la revinculación, pero sostienen que los encuentros todavía no se concretaron. Frente a ese planteo, Rossi indicó que el organismo de protección de derechos interviene en articulación con los juzgados de Familia, pero dentro de los lineamientos y plazos que establece cada oficio judicial.

“Desde el organismo, por supuesto, se acompaña, se hacen los informes, se hacen las sugerencias y demás, pero siempre la decisión es de la Justicia, que también dispone las condiciones para las revinculaciones de las familias”, señaló.

“La revinculación es todo un proceso”

Rossi explicó que los procesos de revinculación no se resuelven de manera inmediata, ya que pueden requerir tratamientos, evaluaciones, acompañamientos específicos y encuentros supervisados, según lo determine la Justicia.

“Exactamente, porque la revinculación es todo un proceso que culmina con los encuentros que muchas veces al principio son supervisados de los progenitores con sus hijos”, expresó.

En ese sentido, aclaró que muchas veces los juzgados establecen condiciones previas antes de avanzar con los encuentros familiares. Esas condiciones pueden incluir tratamientos psicológicos, acompañamiento profesional o abordajes vinculados a situaciones de consumo problemático o violencia, entre otras problemáticas.

“Los tratamientos, las sesiones que involucren esos tratamientos no los dispone el organismo, sino el personal de salud competente, que determina cuántas sesiones es necesaria para los progenitores, para las infancias”, indicó.

La ministra sostuvo que no se puede establecer un plazo único para todos los casos, ya que cada situación depende de la disponibilidad de turnos, la respuesta de las familias y el cumplimiento de las pautas ordenadas.

“No son casos lineales en los que yo pueda decirte las revinculaciones demoran un mes, porque no es un trámite administrativo, es un proceso que, insisto, nosotros desde el organismo trabajamos solamente con la mirada puesta en la defensa de derechos de estas infancias”, afirmó.

Informes y sugerencias, pero no decisiones finales

Uno de los puntos centrales que marcó Rossi fue que el organismo de protección no define por sí solo cuándo debe concretarse una revinculación. Su tarea, explicó, es acompañar, informar y elevar sugerencias a la Justicia.

“Nosotros a la Justicia informamos de los hechos, de cómo sucedió, de si se acató, de si no se acató lo que la Justicia había dispuesto. Hacemos el informe con sugerencias, por supuesto, pero las decisiones las toma exclusivamente la Justicia”, remarcó.

También explicó que existen casos muy diversos. Algunos están atravesados por desacuerdos entre adultos, mientras que otros surgen a partir de situaciones en las que el organismo entiende que puede existir riesgo para niños, niñas o adolescentes.

“Hay diversos casos también. En algunos casos en particular, tiene que ver con decisiones de los adultos, de los progenitores, de no ponerse de acuerdo, y en otros casos tiene que ver, sí, con intervenciones del organismo porque hay alguna situación con esos progenitores que el organismo entiende que hace que esos menores estén en riesgo, como situaciones de violencia, de consumo problemático, para ejemplificar, y sin hablar de ningún caso puntual, por supuesto”, sostuvo.

El rol de las escuelas y los equipos técnicos

Rossi señaló además que muchas situaciones son detectadas por instituciones educativas, principalmente a través de los gabinetes escolares, que pueden informar al organismo de protección o directamente a la Justicia cuando advierten indicadores de vulneración de derechos.

“En los gabinetes de las escuelas es donde muchas veces se detectan situaciones con esas infancias y son los gabinetes los que actúan, los que muchas veces también informan al organismo o a la Justicia”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el organismo interviene cuando se considera que una infancia está siendo vulnerada o que existe una situación de riesgo.

“La realidad es que el organismo de protección es el último eslabón, por así decirlo, en donde se interviene para la protección de derechos que es cuando hay una infancia que está siendo vulnerada”, señaló.

La ministra aclaró que, en conflictos menos graves, muchas situaciones se resuelven directamente en el ámbito judicial. En cambio, cuando hay vulneración de derechos, el organismo interviene en coordinación con los juzgados.

Articulación con salud y cumplimiento de plazos judiciales

Consultada por las dificultades para acceder a turnos psicológicos o tratamientos, Rossi explicó que el organismo articula con el sistema de salud cuando las familias no cuentan con un profesional propio.

“Eso es parte de la articulación que hacemos nosotros con el sistema de salud”, señaló.

Y agregó: “Cuando la Justicia dispone que para una revinculación es necesario acatar cierto tratamiento psicológico y demás, las familias tienen la posibilidad de elegir el profesional que los acompañe y si no, nosotros hacemos muchas veces también articulaciones con el sistema de salud para poder conseguir esos turnos”.

Rossi reconoció que se trata de procesos complejos, donde pueden aparecer demoras vinculadas tanto al acceso a turnos como al cumplimiento de las pautas por parte de los adultos involucrados.

“Es sumamente complejo y por eso la importancia del poder articular para poder resolver”, afirmó.

Además, remarcó que el organismo no maneja los tiempos de manera discrecional, sino que responde a oficios judiciales con plazos concretos.

“Todo es por intermedio de oficios judiciales y también es importante remarcar que la Justicia a nosotros también nos oficia con plazos. Nosotros no nos tomamos el tiempo que nosotros queremos para resolver”, indicó.

“A nosotros la Justicia nos dispone de plazos a los que nosotros estamos obligados a responder cumpliéndolos. Nosotros tenemos que cumplir por ley con esos plazos de los que nos marca la Justicia”, agregó.

La crisis social también impacta en las familias

Finalmente, Rossi fue consultada sobre si este tipo de situaciones se incrementaron en el último tiempo. La funcionaria reconoció que el contexto social actual profundiza conflictos familiares y vuelve más compleja la intervención de los equipos.

“Sí, la realidad es que hay situaciones sumamente complejas y los contextos de crisis en general siempre agudizan estas situaciones. Eso es una realidad”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia recibe demandas sociales de manera constante y que el escenario actual obliga a reforzar el trabajo diario de los equipos.

“Este escenario de crisis complejiza y agudiza nuestro trabajo todos los días”, concluyó.