El Municipio de Río Grande anunció que respaldará la acción presentada ante la Justicia Federal para intentar detener las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La iniciativa advierte sobre posibles consecuencias ambientales en el Atlántico Sur y vincula el planteo con la defensa de la soberanía argentina.
El intendente Martín Perez recibió a representantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina y del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, organizaciones que impulsaron la presentación ante el Juzgado Federal de Río Grande.
La acción preventiva de daños solicita que la Justicia intervenga frente a los riesgos que, según los denunciantes, podría generar el desarrollo hidrocarburífero y pide como medida cautelar el cese de las actividades relacionadas con el proyecto mientras se determina el alcance de los eventuales impactos.
Según explicaron los representantes de las organizaciones, el expediente ya tuvo un primer movimiento: el Juzgado Federal emitió una resolución inicial y dio intervención al Ministerio Público Fiscal.
Perez confirmó el acompañamiento del Municipio
Durante el encuentro, Martín Perez confirmó que el Ejecutivo municipal respaldará la iniciativa y adelantó que buscará ampliar el acompañamiento hacia otras ciudades de la Patagonia.“Nosotros como Municipio vamos a acompañar esta iniciativa porque es una acción en defensa de nuestra soberanía vulnerada por una potencia colonial que usurpa nuestro territorio y explota ilegalmente nuestros recursos naturales”, sostuvo.
El Municipio también analiza avanzar junto al Concejo Deliberante en una estrategia institucional para acompañar la presentación judicial. A esto se sumaría la búsqueda de una acción colectiva con intendentes y ciudades patagónicas.
Perez hizo especial hincapié en las posibles consecuencias ambientales que podrían alcanzar al mar y las costas argentinas.
“Cualquier situación de daño ambiental que se pueda generar en Malvinas, en una explotación tan perjudicial como la que se quiere llevar adelante, es un riesgo también para nuestro mar argentino y para nuestras costas”, afirmó.
El planteo podría llegar al Congreso
El Intendente anticipó además que buscarán trasladar la discusión al Congreso de la Nación con el objetivo de conseguir respaldo institucional para las acciones destinadas a proteger los recursos naturales y sostener el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.En ese contexto, cuestionó la actuación del Gobierno nacional y reclamó medidas concretas frente a la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
“Tenemos que llevar adelante acciones concretas. Río Grande es un faro de soberanía y es por eso que estamos acompañando esta iniciativa, como todas las iniciativas que se quieran presentar, de parte de quien sea, que tengan que ver con tratar de ponerle un freno a este avance británico en nuestro territorio”, remarcó Perez.
Guerrero cuestionó la “inacción del Gobierno Nacional”
Jerónimo Guerrero, apoderado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, explicó que la presentación pretende abordar conjuntamente la dimensión ambiental y la cuestión de soberanía.“Esta acción que estamos presentando ante la Justicia Federal no es ni más ni menos que una acción frente a la inacción del Gobierno Nacional”, sostuvo.
También destacó el respaldo recibido por parte de Río Grande y el vínculo institucional construido con el intendente Martín Perez.
“Siempre hemos sido bien recibidos y hemos encontrado en él un respaldo manifiesto para este tipo de acciones”, señaló.
Una estrategia que vincula soberanía y ambiente
Por su parte, el abogado ambientalista Fabián Maggi explicó que la presentación judicial viene siendo preparada desde hace tiempo y destacó la decisión de reunir en una misma acción la protección ambiental y el reclamo soberano argentino.“Esto de unir soberanía y ambiente es justamente lo que estaba haciendo falta para poder afrontar el escenario nacional que estamos atravesando, donde no hay custodia de la soberanía ni custodia de lo ambiental”, afirmó.
Maggi también confirmó que el expediente comenzó a avanzar en la Justicia Federal de Río Grande. “Ya hay una primera resolución por parte del Juzgado”, indicó, y agregó que se dio intervención al Ministerio Público Fiscal.
Del encuentro participaron además el legislador Matías Lapadula; la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora; y los concejales Jonatan Bogado y Walter Abregú.
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