La investigación por los vejámenes sufridos por los internos Jhonatan Burgoa Albarración, Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores en la Unidad de Detención de Río Grande sumó nuevos imputados y ya es considerada una megacausa dentro de la Justicia provincial.

Según publicó Resumen Policial, la requisitoria fiscal amplió la acusación por presunta omisión de funciones a otros siete agentes penitenciarios pertenecientes a la guardia externa y a áreas de seguridad perimetral. De esta manera, se suman a los siete penitenciarios que habían sido inicialmente acusados, entre ellos el director del penal, Raúl Ciares.

La causa se originó a partir de la brutal golpiza que habrían sufrido los tres internos el pasado 9 de mayo, cuando fueron ingresados al pabellón B de la Unidad de Detención en el marco de un presunto ajuste de cuentas con otros reclusos.

Con la ampliación del requerimiento acusatorio, el expediente alcanza ahora a 24 imputados: 14 integrantes del servicio penitenciario y 10 internos señalados como presuntos autores directos de la agresión.

Los fiscales Martín Bramatti y Ariel Pinno avanzaron con la ampliación de la acusación a partir del análisis de distintas medidas de prueba, entre ellas pericias informáticas sobre teléfonos celulares, cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales.

En ese marco, los investigadores consideran que la golpiza no pudo haber pasado inadvertida durante más de dos horas para el personal asignado a la guardia externa y a otros sectores de seguridad del establecimiento.

A partir de esta nueva etapa, la jueza de Instrucción N.º 3, Cecilia Cataldo, notificó de derechos y garantías al oficial subadjutor Romero; a los cabos Borja, Grahl y Salinas; y a los agentes Escobar, Rodríguez y Alomo. Esta última se encontraba de guardia en la sala de Monitoreo.

La multiplicidad de imputados también generó complicaciones en la tramitación del expediente, especialmente por la intervención de defensores oficiales. Varios integrantes de la defensa pública debieron excusarse por posibles intereses cruzados, ya que en la causa hay tres internos como víctimas y diez reclusos imputados, muchos de ellos asistidos por la misma estructura de defensa.

Por ese motivo, la declaración testimonial de las tres víctimas, prevista para este jueves, debió ser suspendida por segunda vez. Ante esta situación, la jueza Cataldo fijó una nueva fecha para el 14 de septiembre y solicitó a la Defensoría Mayor ante el Superior Tribunal de Justicia que garantice el derecho de defensa de todos los imputados.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando con nuevas medidas de prueba para determinar las responsabilidades tanto de los internos acusados de la agresión como del personal penitenciario señalado por presunta omisión en sus funciones.