El abogado riograndense Martín Luft analizó la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y advirtió que Tierra del Fuego deberá contar con infraestructura específica, inversión sostenida y equipos profesionales especializados para poder cumplir con los objetivos de la normativa.

En diálogo con FM La Isla, explicó que la ley incorporó a los adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal, pero remarcó que su aplicación no puede limitarse únicamente a la sanción legislativa. En ese sentido, señaló que el régimen exige espacios de alojamiento adecuados, programas de acompañamiento y personal capacitado para trabajar en la reinserción social de los jóvenes.

“No alcanza solamente con sancionar el texto de una ley. Estamos hablando de una gran inversión en todo el territorio nacional para poder llevar adelante este proceso”, sostuvo Luft.

El letrado hizo referencia a la decisión de la jueza bonaerense Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires. Según aclaró, la magistrada no cuestionó la constitucionalidad de la ley, sino las condiciones concretas para ponerla en funcionamiento.

“La jueza no ataca la constitucionalidad de la ley, sino su aplicabilidad. Plantea que las instituciones están saturadas y que no pueden hacer funcionar este sistema sin infraestructura”, explicó.

En ese marco, Luft consideró que algunos de los planteos del fallo también pueden trasladarse a Tierra del Fuego. Indicó que, hasta el momento, no se conocen inversiones de gran escala destinadas a crear institutos especiales ni a ampliar los equipos que deberán intervenir con los adolescentes alcanzados por el régimen.

El abogado remarcó que los jóvenes privados de su libertad deben permanecer separados de la población carcelaria adulta. Por ese motivo, advirtió que no pueden ser alojados en una comisaría, una alcaidía ni en un pabellón de una cárcel común.

“Debe existir un instituto acorde a las necesidades de los menores y orientado a su reinserción. No pueden permanecer junto con la población carcelaria adulta”, remarcó.

Luft sostuvo que Tierra del Fuego no cuenta actualmente con un establecimiento creado específicamente para responder a esas condiciones. Además, señaló que será necesario fortalecer los equipos judiciales, sociales y psicológicos que deberán intervenir en cada caso, especialmente en un contexto donde los trabajadores judiciales de la provincia vienen llevando adelante medidas de fuerza por reclamos salariales y laborales.

Por otra parte, aclaró que la reducción de la edad de imputabilidad no implica que todos los adolescentes involucrados en un delito deban ir a prisión. Por el contrario, recordó que la normativa contempla la privación de la libertad como último recurso y prevé medidas alternativas para los delitos con penas menores a tres años, como trabajos comunitarios, cursos educativos, reparación integral del daño, restricciones o llamados de atención.

“No dice que inmediatamente haya que mandar preso al menor. La ley obliga a buscar otras vías antes de llegar a la privación de la libertad”, afirmó.

En esa línea, ejemplificó que un daño menor, como romper o rayar un banco escolar, podría derivar en una intervención judicial, pero no necesariamente en una pena de prisión. En esos casos, una posible respuesta sería la reparación del daño causado. No obstante, advirtió que incorporar este tipo de hechos al sistema puede movilizar todo el aparato judicial por situaciones de menor gravedad, por lo que consideró necesario evaluar cada caso con criterio.

Luft también rechazó que el nuevo régimen deba entenderse únicamente como una herramienta de castigo. Para el abogado, el eje debe estar puesto en la reinserción del adolescente, sobre todo cuando se trata de infracciones leves.

“El derecho penal no previene la comisión de delitos, nunca lo hizo. Para cuidar a la sociedad hay que invertir en políticas públicas, mejorar la educación y fomentar los clubes de barrio”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que la seguridad no depende solo de ampliar el alcance del derecho penal, sino de fortalecer políticas educativas, sociales y comunitarias antes de que el delito ocurra. En ese sentido, consideró que para aplicar el Régimen Penal Juvenil en Tierra del Fuego será indispensable contar con espacios adecuados, profesionales especializados y recursos sostenidos en el tiempo.