A más de seis meses de la promulgación de la Ley de Modernización Laboral 27.802, la Justicia todavía no resolvió si la norma es constitucional en su totalidad. Mientras el expediente principal continúa abierto, empresas y trabajadores deben adaptarse a disposiciones que podrían atravesar un extenso recorrido judicial.

La causa central fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que inicialmente consiguió la suspensión de 81 artículos. Sin embargo, el expediente pasó del fuero laboral al Contencioso Administrativo Federal y, en mayo, la jueza Macarena Marra Giménez dejó sin efecto aquella medida cautelar. Desde entonces, la legislación permanece plenamente vigente.

Aunque el proceso tramita como juicio sumarísimo y ya no habría pruebas pendientes, el fallo de fondo todavía no tiene fecha. En el expediente también fueron incorporadas la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina. La CGT solicitó ampliar la participación a otras entidades del Consejo del Salario, pero el pedido fue rechazado.

Los especialistas anticipan que la definición podría demorar varios años, debido a las apelaciones que seguramente seguirán a la sentencia de primera instancia. El abogado Ricardo Foglia señaló que “mientras tanto la ley rige” y advirtió que existe “incertidumbre sobre lo que va a suceder, tanto para las empresas como para los empleados”.

Las principales controversias judiciales se concentran en el mecanismo para actualizar los créditos laborales y en la posibilidad de pagar determinadas sentencias en cuotas. La reforma fijó para los nuevos juicios una tasa equivalente al Índice de Precios al Consumidor más un 3%, mientras que para expedientes anteriores estableció una referencia vinculada con la tasa pasiva del Banco Central.

Esta diferenciación ya provocó decisiones contrapuestas. La Sala I de la Cámara Nacional del Trabajo declaró inconstitucional el artículo 55 al considerar que perjudicaba a quienes habían iniciado demandas antes de la sanción de la ley, mientras que otros tribunales respaldaron su aplicación. También se registraron cuestionamientos en Córdoba y La Plata por el eventual deterioro de los créditos frente a la inflación.

Otro punto discutido es el artículo 277, que permite abonar fallos laborales en seis o doce cuotas. Sus críticos sostienen que podría generar un trato desigual para los trabajadores y sus abogados. En cambio, quienes respaldan el sistema argumentan que facilita el cumplimiento de sentencias por parte de pequeñas y medianas empresas, especialmente cuando los montos acumulan intereses correspondientes a períodos de alta inflación.

Pese a la falta de una definición judicial, algunas compañías ya comenzaron a aplicar herramientas como el banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones y los nuevos esquemas de jornada. La implementación avanza de manera gradual y con cautela, ante la posibilidad de que distintos tribunales adopten criterios contradictorios o declaren inválidos determinados artículos.