El intendente de Río Grande, Martín Perez, manifestó su preocupación por la presencia de personal militar estadounidense en Tierra del Fuego y reclamó que el Gobierno nacional informe bajo qué autorización se desarrollan estas actividades en territorio provincial.

El planteo se produjo luego de que Agenda Malvinas difundiera información sobre la presencia de efectivos norteamericanos realizando entrenamientos junto a integrantes de la Infantería de Marina Argentina.

“La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional?”, planteó Perez.

En ese sentido, el jefe comunal pidió que el Poder Ejecutivo Nacional brinde detalles “con precisión” y sostuvo que el Congreso también debe intervenir para establecer si existe un posible incumplimiento de la Constitución Nacional.

Perez hizo referencia al artículo 75 inciso 28, que establece como facultad del Congreso autorizar la introducción de tropas extranjeras en el territorio nacional, así como la salida de fuerzas nacionales fuera del país.

El intendente también vinculó su preocupación con la decisión del Gobierno nacional de reactivar las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto estratégico que volvió a ocupar un lugar central en la agenda de defensa.

“La decisión anunciada por el Presidente de dar continuidad a las obras de construcción de la Base Naval de Ushuaia, paralizadas tras casi tres años, no debe convertirse en un intento de meter por la ventana la militarización del territorio argentino por parte de potencias extranjeras”, advirtió.

En esa línea, Perez remarcó que el futuro funcionamiento de esa infraestructura debe quedar limitado exclusivamente al uso nacional. “Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben tener permitido el uso de la base”, sostuvo.

Finalmente, el intendente insistió en que no existe respaldo legal para una eventual utilización del territorio fueguino con fines militares por parte de otros Estados. “Ninguna ley ni mucho menos la Constitución Nacional avalan la militarización de nuestro territorio por parte de otros países”, afirmó.

El pronunciamiento se da en un contexto en el que Tierra del Fuego vuelve a quedar atravesada por el debate sobre defensa, soberanía y presencia estratégica en el Atlántico Sur, especialmente a partir de la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada en Ushuaia.